Por: Dr. Roberto Rondón Morales
A MANERA DE COMIENZO. Evidentemente que hay dos destinos que transcurren en paralelo, el de la universidad autónoma y el del gobierno nacional, sin interconexión hasta ahora, encuentro no eludible en el futuro para el que tenemos que prepararnos, porque siempre será controversial, distinto sólo en la formalidad, según el régimen actuante, autocrático o democrático.
EL DESTINO UNIVERSITARIO PROPUESTO POR EL GOBIERNO NACIONAL.
En octubre de 1999, el gobierno nacional presentó el “Documento Preliminar sobre el Proyecto Educativo Nacional”, conectado con la Constituyente Educativa, conducente a dos leyes educativas, una general orgánica y otra especial de educación superior. En diciembre de 1999, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes presentó las “Políticas para la Educación Superior”.
- Mayor eficiencia social para las demandas de la sociedad, vinculada a programas de desarrollo.
- Mayor equidad en el acceso. Iguales condiciones para todos los aspirantes.
- Optimizar la eficiencia en el manejo de los recursos. Financiamiento apropiado y uso racional de los recursos para cumplir los fines fundamentales de la Universidad.
- Reorganizar el Sistema de Educación Superior. La política de educación superior se inscribe en la política educacional nacional, se rescatará el papel rector del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, se corregirán situaciones irregulares, se articularán diferentes instancias e instituciones del sector.
- Estimular la cooperación internacional con inclusión del sector político, de dirección y académico con los cambios, tendencias y desarrollos
Se han tomado decisiones sistemáticas para dar al traste con la autonomía universitaria. Así en el año 2001, el gobierno planteó la Transformación de los Institutos de Educación Superior para convertirlos en un Subsistema de Educación Superior, bajo la dirección del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y luego del Ministerio del PP para la Educación Universitaria, en la cual, se modifican las atribuciones del Consejo Universitario y del Consejo Nacional de Universidades para traspasarlas al Ministro respectivo, proceso formalizado en 2007. Se eliminarían los Claustros, signo del aislamiento, pero a la vez de su particularidad histórica, geopolítica y destino, y se convertirían en un ente corporativo representativo de profesores, profesoras, empleados administrativos, obreros, egresados y egresadas con iguales derechos políticos como en un órgano territorial público: municipio, estado, país.
Se modificó del Sistema de Ingreso a las Universidades para hacerlo democrático e inclusivo, y redujo las exigencias académicas para el ingreso. Por ello, en 2006, se eliminó la Prueba de Actitud Académica. La OPSU asignaría 30% de la matrícula estudiantil, objetivo planteado desde 2007. En 2003, se discutió la reglamentación de la autonomía universitaria, y como consecuencia, se suspendieron las elecciones universitarias en la Universidad Central de Venezuela, que luego se restablecieron. Igual con las elecciones estudiantiles. En 2004, se esbozó un proceso de Municipalización de la Educación Universitaria, por considerar a la actual, citadina y concentrada sólo en las capitales; lo que se acompañó de la decisión tomada en 2007 de no abrir carreras por sólo la locación y disponibilidad de profesores, sino las que necesitara el país y con pertinencia social. Desde 2011, se creó un Comité para la Transformación y la Municipalización Universitaria, ratificado en 2014, y se formuló la creación de una Universidad Autónoma, Popular, Revolucionaria, Democrática, planteamiento renovado en 2017 con una Universidad Popular y Productiva para la gente y no el capital
Se declaró la transformación de los Institutos Tecnológicos en Universidades, cinco de ellos en 2012, con treinta restantes en 2017, lo que aplanó todas las instituciones, los niveles y grados educativos superiores. Las Universidades Politécnicas Territoriales coadyuvarían al aumento del ingreso de 800.000 a 2.700.000 alumnos. Igualmente, desde 2008, se formularon los Programas Nacionales para mejorar la movilidad de profesores y estudiantes, la dotación de laboratorios, la formación de personal y otros, para lo que se diseñó la Misión Alma Mater, a la que serán adscritos, tentativamente en el futuro, los trabajadores universitarios académicos y no académicos, y sus programas, que dejarán de ser adscritos a determinada universidad al ser cancelados sus salarios, bonos, becas y prestaciones por el Sistema Patria
Para dar base legal a todo este manejo irregular de la educación universitaria, se planteó en la Reforma Constitucional de 2007, que fue negada en consulta popular. Por ello, el abordaje se asumió desde una Ley Orgánica de Educación, aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por el Presidente de la República en 2009, y una Ley de Educación Universitaria en 2010, ambas inconstitucionales, siendo esta segunda, no promulgada por el Presidente de la República, pero aplicada arbitrariamente desde entonces.
La aplicación arbitraria de la Ley de Educación Universitaria no promulgada en 2010, ha conducido a la parálisis de las elecciones universitarias por más diez años, y la asunción progresiva, ya en la práctica o en proyecto, de distintas atribuciones del funcionamiento de las Universidades, tales como la centralización del financiamiento y prestación de salud y seguridad social; desde 2012 un Plan de Seguridad con el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia dentro del Plan de Seguridad Interministerial; y desde 2016, el Plan de la Universidad Tricolor para reparar espacios universitarios, ampliar y construir anfiteatros, conchas acústicas y otros, lo que se complementa con el Programa Nacional Venezuela Bella, lo que implica que todas estas partidas presupuestarias las asumirá el gobierno central, trastocando la autonomía. Ha tomado la decisión de pagar salarios, bonos, pensiones, becas y otros por el sistema Patria. Desde el 2002, la OPSU planteó llevar a treinta años la edad para la jubilación y doblar la carga docente para profesores que no realicen investigación Desde 2008, se elaboró un Plan de Asistencia a los estudiantes que reemplazó a las contingencias estudiantiles, transporte, comedores que eran administradas por cada Universidad. Ha ordenado presentar una justificación y solicitar autorización para el ingreso de personal. Ha planificado conformar un Sistema Nacional de Ahorros del personal universitario. El gobierno revisará las cuentas, gastos y orientación del gasto universitario. Desde 1919, se idea la Implantación de la educación a distancia, lo que se aprobó en 2021, aun con la inmensa deficiencia de recursos tecnológicos. Debe aceptarse, ordena la Vice Presidenta Ejecutiva del gobierno nacional.
Todo este proceso, a la luz incoherente y no aplicado en totalidad, ha sido dirigido a la desaparición de los tipos de la autonomía universitaria: Organizativa, para dictar las normas de su vida interna; Académica para organizar sus planes de docencia, investigación y extensión; Administrativa para elegir autoridades y designar su personal; y Económica financiera para administrar su patrimonio.
EL CAMINO DE LAS UNIVERSIDADES AUTONOMAS
El gobierno nacional ha desconocido como sus interlocutores universitarios a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios – AVERU, y como representantes de los profesores a FAPUV. En su lugar, creó la Asociación de Rectores Bolivarianos – ARBOL, y la Federación de Trabajadores Universitarios- FETUV, que agrupa a los llamados trabajadores académicos (profesores y profesoras) y trabajadores universitarios (empleados administrativos y obreros) minoritarios, con quienes discute las contrataciones colectivas.
Tres tipos de acciones han emprendido las universidades y sus agremiados para enfrentar esta situación:
En primer lugar, en 2009 y 2010, FAPUV, UCAT, UC, DECANOS ULA, LUZ, UNA hicieron movilizaciones y declaraciones contra la Ley Orgánica de Educación y de Educación Universitaria, sin mayores consecuencias. En el primer caso, se solicitó por la Rectora de la UCV la nulidad de la LOE por anticonstitucional, a lo que se adhirieron los restantes Rectores de AVERU. Sin pronunciarse sobre el fondo de la materia, la Sala Constitucional, en una sentencia precautelar de agosto de 2019, decidió que las Universidades celebraran elecciones, suspendidas desde 2010, incluyendo en sus reglamentos electorales a los empleados y obreros. Esta decisión judicial ha quedado en suspenso debido a la pandemia COVID 19. Algunos suponemos que esta sentencia quedará en suspenso indefinidamente porque el gobierno no tiene interés, por los costos políticos, en una derrota electoral en las universidades venezolanas ni someterse a los efectos de una intervención directa. Ha cambiado su estrategia de intervención directa por un agotamiento de estas Universidades
El segundo tema de protesta universitaria han sido las condiciones de trabajo, que han llegado a ser realmente miserables, y que han provocado un éxodo masivo tanto al exterior como dentro del país, en búsqueda de mejores condiciones de profesores con pérdida de su talento, empleados, obreros y estudiantes. En 2012, se declaró la UCV en conflicto permanente y AVERU suscribió un documento sobre la situación del país. Los universitarios debatieron próximas acciones de protesta internacional, nacional y local. En 2015, nueve Universidades UCV, USB, ULA, LUZ, UNET, UC, Guayana, Francisco de Miranda, UNA y UCOLA no iniciaron actividades por razones técnicas, y exigieron solución a las deficiencias salariales planteadas por FAPUV. APUCV respondió al Ministro Manuel Hernández sobre la defensa de la Constitución y de la Universidad, y pidieron respeto al derecho de discutir las normas de trabajo. No ha habido resultados favorables hasta ahora.
El tercer bloque de protestas ha sido de tipo político. En 2013, la UCV se declaró en defensa de la autonomía frente al proyecto de “Transformación Universitaria”. Pero fueron más comunes las manifestaciones contra el manejo anticonstitucional de la vida nacional por parte del gobierno. En 2017, APUCV declaró “que el régimen se aferra al poder al disolver las funciones de la Asamblea Nacional”. El Consejo Universitario de UC llamó a la restitución del orden constitucional. El Consejo Universitario de la UCV rechazó a la Asamblea Nacional Constituyente por anticonstitucional. Se propuso por APUCV la constitución de un Frente Nacional para la defensa de la Constitución Nacional y la democracia. El rector de la UCAB manifestó que el reto era impedir que se instalara la Constituyente. LA UCV, USB, UNIMET, Monte Avila, universidades ubicadas en Caracas, exigieron la restitución del hilo constitucional y la democracia. En 2018, AVERU condenó la convocatoria por la Asamblea Nacional Constituyente, de elecciones presidenciales, y en 2019, AVERU calificó de ilegítima la imposición del diputado Parra como Presidente de la Asamblea Nacional, y ratificó su respaldo al Presidente Juan Guaidó
EL CAMINO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
En Asambleas Generales convocadas formalmente, una el 26.9 2019, el Rector de la Universidad planteó cuatro escenarios frente a la crisis universitaria:
1.- Obedecer las decisiones gubernamentales expresadas por el Tribunal Supremo de Justicia, nos haría aparecer como serviles y cómplices. 2.- No acatar las decisiones del TSJ, generaría reclamos judiciales. 3.- Hacer un reglamento de la Universidad basado en la competencia constitucional sobre la autonomía universitaria consagrada en el artículo 109 CRBV. 4.- Luchar por un cambio de gobierno.
Se planteó que el problema central no era electoral. Es el régimen dentro del cual no puede funcionar la Universidad, y que este fondo del problema debe ser responsabilidad de otros fuera de la Universidad como la Asamblea Nacional, los partidos políticos, organizaciones académicas y gremiales. Hay un vació de la Asamblea Nacional al no declarar a la Ley Orgánica de Educación del 2009 como anticonstitucional. Finalmente, se afirmó que se juega la República en la batalla de la Universidad
Se formularon algunas decisiones:
1.- Organizar un Encuentro sobre la Universidad del siglo XXI. 2.- Organizar un Plan de Movilización coordinada con los gremios y otros interesados. 3.- Realizar una movilización nacional de Universidades. 4.- Poner en juego para su defensa, la alta credibilidad de las universidades y de los estudiantes. 5.- Invocar que la decisión 0324 del TSJ es parte de un juego anti universitario del gobierno. 6.- Evitar la debilidad de la Universidad por los conflictos. Estas decisiones, más cerca de veinte otras proposiciones salidas al calor de las Asambleas, se quedaron en el tintero.
En la Asamblea, también se disertó sobre la autonomía universitaria, la cual, según el artículo 109 de la CRBV, concede a la universidad una autonomía originaria tal como la que dispone la propia Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, y por lo tanto, la Universidad está facultada para promulgar su propio reglamento o estatuto autonómico, sin otras consideraciones, lo que no hizo una Comisión del Consejo Universitaria designada a tal fin. El Estado no otorga, sino que debe respetar la autonomía universitaria.
A MANERA DE CONCLUSIONES
Debemos propiciar un análisis sobre estos dos destinos en desarrollo, el autonómico pleno formulado desde la Universidad y la sujeción al Estado como parte del Ministerio del PP para la Educación Universitaria. No se trata simplemente de aceptar expectante la crisis de cohabitación de estas dos tendencias contradictorias, y paralizarse para esperar que el otro desaparezca o ceda para resolver la crisis. La[R1] situación, además del componente político nacional evidente y fatal, también cabalga una crisis global de la Universidad de larga data. Una crisis de hegemonía porque la Universidad dejó de ser la única fuente de producción intelectual de la sociedad. Una crisis de legitimidad porque la transmisión de conocimientos no es el eje único de la Universidad. Una crisis de institucionalidad por su ubicación ambigua frente al estado que la financia, y donde cada vez será más difícil recibir este financiamiento sin control de procedimientos y resultados. No será sólo la provisión de financiamiento la relación con el gobierno. La crisis presupuestaria nació en 1983. Desde entonces, las universidades y todos los entes públicos son sometidos a cuotas presupuestarias a las que tiene que ajustar su presupuesto, complementado con créditos adicionales insuficientes también. La crisis fiscal no cesará. Por lo tanto, deben explorarse otras alternativas financieras.
Debemos analizar posibles tendencias como la de que quien financia a la universidad, la organizará; y la posibilidad de que habrá sólo dos tipos de universidades: uno estadal y otro privado. Debemos también responder:
1.- La universidad podrá continuar como un ente académico aislado con carreras tradicionales en vías de desaparición, o corresponsabilizarse y vincularse con el trabajo del futuro. 2. Ofrecerá sólo un aprendizaje para una profesión incierta, o se dedicará con fuerza al mejoramiento profesional continuo y a la acreditación externa de sus programas. 3.- Podrá y deberá aliarse con instituciones universitarias o no, públicas o privadas de aprendizaje fuera de la universidad para ampliar y calificar sus ofertas educativas. 4.- La universidad podrá desarrollar una capacidad y disposición para una reinvención permanente, la autopoiesis.
El Grupo MIRADAS MULTIPLES ha creído conveniente y necesario convocar, a principios del año 2022, a personas de la Universidad y fuera de ella, para iniciar un análisis amplio de estas crisis, y proponer alternativas de solución, dentro de un más concepto de autopioesis universitaria. Tenemos que hacer nuestro propio camino, mirando y pactando con la sociedad, el gobierno y otros. Solos y aislados, dentro y afuera, podemos ser inútiles, innecesarios e indefensos. La intelectualidad se está escapando de la universidad, y esto es fatal. La universidad no podrá vivir con un talento vinculada con ella sólo por “un cordón umbilical”, porque su emprendimiento mayor está ahora fuera.
Dr. Roberto Rondón Morales. Individuo de Número de la Academia de Mérida
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