La Academia de Mérida tiene el agrado de presentar la segunda sesión virtual ordinaria con el tema “Viabilidad de la universidad autónoma en Venezuela”

Conferencista: Dra. Christi Rangel Guerrero, Miembro Correspondiente Estadal.

Presentación: Dr. Eleazar Ontiveros Paolini, Presidente de la Academia de Mérida.

Coordinación de la sesión, edición y post-producción: Dr. Jonás A. Montilva C., Bibliotecario.

Video disponible a partir de las 10:30 am del miércoles 23 de septiembre 2020:

Ver en YouTube: https://youtu.be/fEtJkCKSUGc


Viabilidad de la universidad autónoma en Venezuela

Por: Dra. Christi Rangel Guerrero
  1. Situación de las universidades públicas en Venezuela

Luego de la decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, de hacer un llamado a procurar el inicio de actividades docentes de pregrado y postgrado a distancia, con el uso de tecnologías digitales, se ha abierto un debate en las redes sobre la viabilidad de esta decisión dado el ambiente laboral en las instituciones de educación superior, agravado por la pandemia COVID-19.

Es bien conocido por la comunidad académica lo ocurrido en los últimos 13 años: políticas salariales que aplanaron las diferencias entre escalafones, desmantelamiento de los programas de promoción de la investigación, pérdida del valor del salario, mínimas posibilidades de mantenimiento de las infraestructuras físicas y tecnológicas y total imposibilidad de renovación de mobiliario, equipamiento tecnológico, actualización de software, libros, revistas científicas, bases de datos e infraestructuras para la conectividad de Internet y de teléfono.    

El lapso de tiempo citado (13 años) obedece a la referencia al año 2007, momento en el que inició la política intencional de reducir el financiamiento real de las instituciones de educación superior autónomas, intervenir las experimentales y crear instituciones de educación con fines ideológicos, sin atender criterios mínimos de calidad y excelencia, en palabras del padre Ugalde “semilleros de revolucionarios clientelares” (Ugalde, Asalto a la Universidad, 2019). En años previos a 2007 se consolidó la práctica de usar fondos extrapresupuestarios y a la empresa estatal PDVSA para ejecutar el gasto público, fue así como se restaron recursos al presupuesto nacional, lo que a su vez se tradujo en recortes de recursos para las universidades autónomas y también para los gobiernos de estados y municipios. Aunque vinieron años de bonanza fiscal para el gobierno nacional por los elevados precios de los hidrocarburos (el gasto público nacional creció en términos reales 5% anual hasta 2014), desde 2007 la OPSU envió a las universidades públicas lineamientos de formulación presupuestaria exigiendo dejar por fuera gastos de funcionamiento, inversión e incluso gastos de personal ineludibles, con la promesa de atender en el año algunos compromisos con créditos adicionales. Desde 2007 se recortaron sistemáticamente los presupuestos de las universidades, se obligó a sus autoridades a preparar reportes de insuficiencias para algunos conceptos y a negociar con frecuencia, en un contexto de zozobra, el cumplimiento de compromisos laborales nominales más no reales, mientras se perdía la cobertura de los gastos de inversión y mantenimiento.

Sin embargo, el panorama financiero del sector público en Venezuela cambió definitivamente desde 2014. La caída en los precios de los hidrocarburos, pero sobre todo de la producción petrolera, así como en la actividad económica global mermó las fuentes de ingreso fiscales, por lo que se recurrió al financiamiento monetario y al endeudamiento. La monetización del déficit, realizada a través de la compra por parte del Banco Central de Venezuela, de bonos de la deuda de PDVSA emitidos en dólares, conllevó a la hiperinflación que afectó los salarios en todos los sectores, pero en el sector universitario ya iban 8 años de caída real cuando llegó el tiempo de las vacas flacas.

2) Contexto económico y social en 2020

En septiembre de 2020 las finanzas públicas son más que críticas para Venezuela. La contracción económica producida por las medidas de confinamiento se une a la probada destrucción (no solo contracción), de la actividad productiva petrolera y no petrolera en la que el Estado participa, (Transparencia Venezuela, 2018), además el país está en default desde 2017. Esto significa que no hay ni habrá en los próximos años -tal vez 10 o 15 años-, la posibilidad de financiamiento a través de la renta petrolera, dadas las inmensas necesidades de inversión para recuperar parte de la industria y volverla rentable nuevamente, y dado el contexto de los precios internacionales del petróleo que difícilmente se recuperarán a los niveles previos a la pandemia del COVID-19 en el mediano plazo.

En cuanto al financiamiento tributario, si bien se requiere una reforma para darle preponderancia al impuesto sobre la renta de las personas naturales, minimizar la evasión y explorar la fiscalidad ambiental, es del todo contraindicado una política de recaudación agresiva en una economía atomizada, urgida de capital para inversiones que posibiliten la reconstrucción de servicios esenciales, empezando por la oferta estable de electricidad, agua, internet, combustible, gas y transporte, que permitan apalancar otras actividades económicas, deprimidas por un contexto muy desfavorable.

El financiamiento a través de deuda pública es una posibilidad puntual si ocurriera un cambio político, hay varias estimaciones de las necesidades de deuda realizadas antes de que llegara la pandemia del COVID-19 y de la caída brutal en la actividad productiva petrolera, por lo que luego de los acontecimientos de 2020, esta estimación se quedó corta.  

En definitiva, el sector público venezolano está en quiebra, lo que obliga a la sociedad venezolana a reevaluar el rol del Estado y en qué debe gastar sus menguados recursos. Este debate debe incorporar también la realidad social, es decir, las condiciones de vida de los venezolanos hoy. Para ello contamos con los últimos resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida 2019-2020  (Universidad Católica Andrés Bello, 2020) y otros indicadores que serán citados del Informe de Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en Venezuela (Sinergia, 2020).

Venezuela forma parte de un pequeño grupo de países que requieren asistencia humanitaria urgente debido a que en él coinciden:

  • Una de las 10 mayores crisis alimentarias del mundo, específicamente está en el 4to lugar de los países con peor crisis alimentaria. Sólo 7% de la población no padece algún tipo de inseguridad alimentaria.
  • El puesto 180 entre 195 países en cuanto a capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia.
  • Haber sido clasificada en condiciones de ALTA SEVERIDAD en el Índice de Severidad de las Crisis Humanitarias desarrollado por ACAPS1, con características de crisis regional, que afecta además a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Trinidad y Tobago.
  • En diciembre de 2019 OCHA (Oficina para la coordinación de asuntos humanitarios de la ONU) publicó el Panorama Humanitario Global 2020 en el cual, por primera vez, se reporta a Venezuela, junto con Haití. Destaca la brecha entre los recursos requeridos y los obtenidos para el país.
  • Migración desesperada. Personas forzadas a migrar sin planificación, sin los documentos requeridos (pasaporte, partida de nacimiento, etc.) y sin ninguna garantía de acogida en el destino elegido.
  • Es el país más pobre de América Latina. 96% de la población es pobre de ingreso y 54% enfrenta pobreza multidimensional.
  • En salud hay serias deficiencias de infraestructuras, insumos y recursos humanos. Las tasas de mortalidad infantil, materna, neonatal y la incidencia de enfermedades contagiosas se han disparado gravemente. Se perdieron 3,7 años en la esperanza de vida al nacer.
  • El sistema de protección social para la vejez no cubre las necesidades mínimas de los adultos mayores, las prestaciones de antigüedad y por contingencias de los trabajadores desaparecieron con la hiperinflación y otros sistemas de protección social no atacan problemas estructurales.
  • En educación, el 86% de los niños, niñas y adolescentes están matriculados en instituciones educativas, pero 40% deja de asistir por fallas en los servicios básicos o falta de profesor.
  • La ENCOVI demostró que “han crecido los riesgos de exclusión educativa entre quienes no pueden mantener una asistencia regular a clases (40%) y/o registran un severo rezago escolar (18% en el grupo de 12 a 17 años).”
  • Según la Federación Venezolana de Maestros entre 78% y 80% de los planteles están en deterioro.
  • Desde 2016 el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para niños de 3 a 17 años no llegaba al 60% de los planteles.

3) Las políticas públicas en educación. Los aportes desde la doctrina económica.

La educación es un derecho que debe disfrutarse sobre la base de la igualdad de oportunidades. Pero para hablar sobre políticas educativas es necesario hacer una separación de los niveles educativos, a la hora de hacer valoraciones. De hecho, el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos establece en su primer numeral:

  1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

En este instrumento se establece el derecho a la educación de forma general, pero se afirma explícitamente que debe ser gratuita en la instrucción elemental y fundamental, cual es la educación inicial y primaria, que luego se extendió a la educación secundaria.

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (PIDESCA) concibe el derecho a la educación como aquel que incluye el derecho a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, accesible y progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la escuela de hijos.

El libro de (Albi, Gonzáles-Páramo, & Zubiri, 2000), coincide en la justificación de la acción del sector público en la provisión de la educación inicial y primaria por las siguientes razones:

  • Genera externalidades positivas indiscutibles. No sólo se beneficia quien recibe la educación, sino también hay beneficios sociales y económicos en el colectivo donde hace vida esta persona.
  • Es un bien preferente, entendido como aquel en el que los destinatarios del bien podrían sufrir de “miopía del consumidor”, esto es, que los beneficiarios no suelen valorar adecuadamente estos bienes y por eso se obliga el consumo.
  • Es una herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer el capital humano, lo que promueve la equidad, superación de la pobreza y crecimiento económico.

Al respecto, un trabajo reciente (Izquierdo, Pessino, & Velutin, 2018) editado por el Banco Interamericano de Desarrollo, al discutir sobre la distribución del gasto público en educación por niveles, de forma que se logre la mayor eficiencia social, afirma que priorizar el financiamiento de la educación pública en la etapa preescolar (0 a 5 años), parece arrojar los retornos sociales más altos, puesto que las inversiones que se realizan en los primeros años de desarrollo infantil pueden aumentar el retorno de las inversiones realizadas más tarde en la vida. Otro enfoque, presentado en este mismo libro señala que el financiamiento público de cada nivel de educación debería estar en función de los niveles de ingreso por habitante de los países, de tal manera que los países de bajo ingreso se benefician más de las inversiones dirigidas a ampliar la educación primaria, mientras que en los países de ingreso medio los retornos sociales más elevados provienen de las inversiones para expandir la educación secundaria, asumiendo que ya la educación primaria de calidad ha sido garantizada a toda la población en edad escolar, y así sucesivamente. Ambas perspectivas presentadas se complementan.

Es innegable que la garantía de educación gratuita para la etapa preescolar y básica debe ser una prioridad para cualquier Estado. Ahora bien, en relación a la educación universitaria los análisis normativos y de la experiencia muestran una apreciación distinta.

En relación a la educación universitaria Albi, González-Páramo y Zubiri (2000) señalan que, aunque ésta puede también generar efectos externos positivos (derivados de los hallazgos de la investigación científica especializada que contribuye con la economía de los países), y contribuye a sociedades más igualitarias, la educación universitaria a tasas muy bajas (o gratuita) es un sistema inequitativo e ineficiente. Es ineficiente porque los menos capaces recibirán subvenciones mayores que el resto (sus debilidades les impedirán el avance esperado), y además el costo de oportunidad de destinar recursos a la educación universitaria cuando no están cubiertos los niveles de educación inicial y primaria es muy alto;  es inequitativo porque la probabilidad de ir a la universidad es mayor cuanto mayor es la renta familiar, más aún en un país donde la calidad de la educación pública primaria y secundaria está seriamente comprometida. Entonces, se estaría otorgando un subsidio que favorece mayormente a los estratos de renta altos.

Los autores concluyen que para garantizar la eficiencia y la equidad en el gasto público en la educación superior deben conjugarse un sistema de cobro de precios públicos (matrículas), con sistemas de crédito público y privado a tasas de interés preferenciales, becas suficientes focalizadas en los estudiantes de los estratos de renta más bajos y deducciones fiscales importantes.

En este sentido, la experiencia internacional en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es reveladora: el aumento de la cobertura de la educación universitaria superior al 20% de la población se empieza a dar cuando los ingresos per cápita superan los US$ 20.000, o los US $40.000 en los casos de Suecia y Francia. La gratuidad de la educación superior o un fuerte subsidio sólo es posible en donde hay un sector privado creciente que garantiza el desarrollo de la economía y la suficiente recaudación fiscal para financiar este gasto (Paredes, 2014).

Por otro lado, es preciso incorporar en el análisis la importancia de los incentivos. Ha sido también suficientemente demostrado que la gratuidad en el acceso a bienes y servicios conlleva a una subvaloración de tales bienes y servicios por parte de los usuarios, quienes, al no valorarlos correctamente, los malgastan. En la universidad hay evidencia de estos incentivos perversos en la ligereza de algunos estudiantes para decidir el retiro de materias o reprobar, porque no cuesta nada volver a inscribirlas, unido a situaciones como las de la Universidad de Los Andes, en la que hay requisitos muy laxos de permanencia para los estudiantes (cabe acotar que lo son también para los profesores). La gratuidad provocó que muchos adultos que ya tenían su profesión y estabilidad laboral, decidieran estudiar por “hobby” o por evadir horas de trabajo, en el marco de las garantías de normativas laborales recientes, con lo cual se masificaron algunas carreras y restaron oportunidades a la población que debería ser atendida prioritariamente. Frente a esta realidad surge la pregunta: ¿debe el Estado pagar enteramente un hobby tan costoso a sus ciudadanos? También la gratuidad ha provocado que los estudiantes, poco estén dispuestos a exigir altos estándares de calidad a sus profesores y menos aún a denunciar casos de corrupción, como la inasistencia sin justificación a clases de los profesores o trabajadores, el cobro indebido por guías de estudio, como requisito para aprobar la materia, la extorsión con exigencia de favores sexuales, entre otros.

4) Viabilidad de las universidades autónomas en Venezuela

Considerando conjuntamente los elementos presentados: el deterioro de las condiciones de trabajo en las universidades públicas; la menguada situación de las finanzas públicas en Venezuela o se puede decir abiertamente, la quiebra económica del Estado; la emergencia humanitaria que exige actuación prioritaria del sector público para atender a los grupos de población que se encuentran en alta vulnerabilidad (niños y jóvenes en situación de desnutrición, niños sin acceso a los esquemas de vacunación, pacientes crónicos sin acceso a tratamientos, etc.); la destrucción de la industria petrolera y contracción económica general que requiere el rescate de los servicios de electricidad, agua, transporte, telecomunicaciones, etc.; considerando además los aportes desde la doctrina económica del sector público y de los análisis de la experiencia internacional sobre el financiamiento de la educación, separando las valoraciones según los niveles de educación y los resultados en eficiencia y equidad; se plantean las siguientes interrogantes:

¿Debe el Estado venezolano financiar enteramente la educación universitaria? Los hechos demuestran que desde hace años dejó de hacerlo y los profesores y trabajadores con vocación y no sin grandes sacrificios, son los que han mantenido activas las universidades hasta antes de la pandemia. También hoy día un grupo está manteniendo los sistemas administrativos que posibilitan que la comunidad cobre sus salarios y otros están procurando poquísimas actividades docentes y de investigación con sus esfuerzos no remunerados.

Pero volviendo a la pregunta formulada sobre si debe el Estado venezolano financiar enteramente la educación universitaria, si la respuesta es positiva, debe responderse la siguiente interrogante:

¿Puede el sector público en Venezuela, quebrado, sin garantías de acceso a fuentes de financiamiento, sin posibilidad de aplicar una reforma tributaria agresiva con la economía contraída, seguir ofreciendo la educación universitaria gratuita?

Es preciso comprender que para que las universidades tengan infraestructuras mantenidas, sueldos acordes para todos los trabajadores universitarios, acceso bases de datos, tecnología y atraer a los mejores talentos, se requieren recursos económicos. Es verdad que el régimen tomó una decisión a partir del año 2007 que restó recursos a las universidades autónomas, pero en este momento, en el año 2020, aunque las autoridades en el poder quisieran cubrir enteramente la financiación de las universidades, no está el dinero y las prioridades del gasto público, deberían estar claras dadas las características sociales y económicas del país ya descritas.  Si aún no hay acuerdos al respecto, quedan las opciones de un financiamiento sustentado en mayores impuestos que los que se pagan ahora o seguir profundizando el modelo extractivista para desangrar aún más los territorios del arco minero del Orinoco. Pero, ¿todos los contribuyentes deberían pagar impuestos más altos para que un grupo de la población, que mayoritariamente pagó sus estudios de nivel básico y secundaria en escuelas privadas, vaya a la universidad? ¿Debemos insistir en el extractivismo para sostener al Estado que históricamente ha abusado de su poder redistribuidor? ¿Acaso no es lógico que quien quiere un servicio pague por él y lo valore?

La tesis propuesta en esta intervención, surge de un genuino interés como universitaria de que la historia de las universidades públicas de Venezuela, entre ellas, la historia de los 235 años de la Universidad de Los Andes, no acabe en una muerte de mengua, que puede evitarse. No es sostenible que los profesores y trabajadores sólo reciban un salario emocional por la gratificación de trabajar en su vocación, mientras padecen y ven padecer a su entorno familiar por carencias básicas; no es sostenible que vivan de la caridad de sus familiares en el extranjero porque es una situación de excesiva vulnerabilidad que las contingencias como la pandemia por el COVID-19, dejaron al descubierto; no es sostenible que las universidades se mantengan abiertas si sus profesores y trabajadores deben tener dos o tres trabajos y altísimas exigencias, para financiar ellos la enseñanza.

En este sentido, con mucho respeto propongo que se discuta abiertamente un modelo de financiación para la educación universitaria distinto al que ha imperado hasta ahora, en el que el Estado antes y ahora también los profesores y trabajadores son los que financian la educación universitaria y no sus beneficiarios: los estudiantes. Que más allá de defender derechos adquiridos que no son materializables, argumentar una regresividad o apegarnos dogmatismos ideológicos, atendamos con pragmatismo qué es lo posible en la Venezuela de hoy y cómo vencer las terribles sombras que se ciernen sobre las instituciones de educación superior del sector público.

No sería precisa la privatización de las universidades autónomas, en muchos países del mundo desarrollado hay universidades públicas que cobran matrículas (precios públicos) y se rigen por esquemas de financiación mixtos. Personalmente, recibí parte de mi formación en dos de ellas: la Universidad Autónoma de Madrid en España, cuyas matrículas son accesibles para la mayoritaria clase media española y tiene un programa de becas y cobros discriminados según la situación socioeconómica de los estudiantes; también estuve en George Mason University, en Estados Unidos, universidad del estado de Virginia en la que se conjugan los créditos educativos de la banca y tarifas discriminadas también según la situación del estudiante y su rendimiento. Quiero significar que defiendo la protección de los estudiantes de bajos ingresos, que tienen las bases de una educación de calidad de los niveles previos y que muestran con rendimiento su alto compromiso con la formación. Este sería un porcentaje de la población estudiantil y no toda la población. Al respecto, el padre Ugalde escribió: “Las escuelas y las universidades que esperan que las salve y financie por completo el Estado, no tienen futuro.” (Ugalde, Del Estado docente a la sociedad educadora, 2020)

No ha sido la intención abordar en este foro virtual de la Academia de Mérida, el modelo de financiación más conveniente ni habría tiempo de hacerlo. Pero sí, hacer un llamado de atención sobre el debate que debemos realizar para que más temprano que tarde, cambié el modelo existente de financiación que no es sostenible, que nos ha paralizado y cuyas esperanzas se abrazan a las peticiones al gobierno para que garantice lo que, aun queriendo, no puede garantizar. Como muchos de los demócratas venezolanos, también estoy convencida de que es fundamental el cambio político para resolver la mayoría de los problemas que nos aquejan, sin embargo, me temo que este cambio no será suficiente para que sea posible retomar las actividades de docencia, investigación y extensión en las Universidades, con condiciones dignas para su comunidad. Es un error insistir en la ilusión del Estado rentista sustentado en la explotación de recursos naturales.

Mérida, 17 de septiembre de 2020

Referencias

Albi, E., Gonzáles-Páramo, J., & Zubiri, I. (2000). Economía Pública I. Madrid: Ariel.

Izquierdo, A., Pessino, C., & Velutin, G. (2018). Mejor gasto para mejores vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo.

Paredes, R. (2014). Reflexiones sobre las propuestas de gratuidad para la educación superior en Chile. Santiago de Chile: Centro de Políticas Públicas. Universidad de Chile.

Sinergia. (2020). Informe de Seguimiento a la Agenda 2030 en Venezuela. La tormenta perfecta. Julio. Caracas: Asociación Civil Sinergia.

Transparencia Venezuela. (16 de Noviembre de 2018). Empresas Propiedad del Estado. Un modelo de control II. Obtenido de Transparencia Venezuela: https://transparencia.org.ve/empresas-propiedad-del-estado/

Ugalde, L. (19 de Septiembre de 2019). Asalto a la Universidad. Obtenido de https://www.cesarmiguelrondon.com/opinion/el-espacio-de-mis-amigos/asalto-a-la-universidad-luis-ugalde/

Ugalde, L. (30 de Julio de 2020). Del Estado docente a la sociedad educadora. Obtenido de elucabista.com: https://elucabista.com/2020/07/30/del-estado-docente-a-la-sociedad-educadora/

Universidad Católica Andrés Bello. (Julio de 2020). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019 – 2020. Obtenido de Encuesta Nacional de Condiciones de Vida: https://www.proyectoencovi.com/

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