La Enseñanza del Derecho Mercantil en la Universidad de Los Andes

Discurso de incorporación a la Academia de Mérida como Miembro Correspondiente Nacional , pronunciado el día 11 de abril de 2018

Por: Dr. Alfredo Morles Hernández


Debo comenzar por manifestar mi profundo agradecimiento a los señores académicos por el honor que me han conferido al hacerme miembro de esta respetada institución. De manera particular quiero hacer patente esa gratitud en las personas del Profesor Fortunato González Cruz, mi querido amigo, colega y paisano trujillano, promotor de mi candidatura; del Dr. Ricardo Gil Otaiza, quien tuvo la iniciativa y ofreció su apoyo decidido, y de todos los que estuvieron a favor de que yo ingresara a esta corporación. Mención especial debo hacer del distinguido miembro de esta Academia, el doctor Álvaro Sandia Briceño, quien al enterararse del tema de mi trabajo de incorporación a esta corporación, se fue a los archivos universitarios y estuvo pacientemente hurgando entre ellos, para ofrecerme una valiosa información que hoy comunico a ustedes en el trabajo de incorporación. Del mismo modo, el distinguido Secretario Ejecutivo de la Academia de Mérida, el Licenciado Ramón Sosa Pérez, me facilitó útil bibliografía que aproveché debidamente. A todos ellos, muchas gracias.

El trabajo que elaboré para mi ingreso tiene por título La enseñanza del derecho mercantil en la Universidad de Mérida. Ese título tiene un significado múltiple: en primer lugar, es una protesta contra el cambio de nombre efectuado por el déspota ilustrado Antonio Guzmán Blanco en 1883, sin que diera lugar a ningún reclamo por parte de los merideños, especialmente del claustro universitario. El nuevo nombre, Universidad de Los Andes, no era ofensivo, como tampoco lo fue el de Universidad Occidental que le dio Cipriano Castro en 1902 y probablemente por esa razón los merideños prefirieron ser prudentes con el todopoderoso señor de 1883, pero al consentir en el despojo del nombre de Universidad de Mérida se ponía de lado un elemento del legado que llegaba hasta los orígenes mismos de la institución; en segundo lugar, con el nombre de Universidad de Mérida, extiendo mi investigación hasta el período anterior a 1883, que es cuando aparece el nombre de Universidad de Los Andes; y, en tercer lugar, con el nombre de Universidad de Mérida quiero poner de relieve la vinculación de la universidad con el seminario conciliar de San Buenaventura, nexo frecuente en la época colonial, lo cual me permite hacer una valoración de los seminarios conciliares, cuya importancia ha querido ser opacada cuando no menospreciada por algunas corrientes minoritarias de pensamiento histórico.

Mi trabajo se inicia con algunas breves referencias al controvertido asunto de la fundación de la Universidad de Mérida. Pongo de relieve lo que han dicho los historiadores merideños: que la Junta Superior Gubernativa de Mérida de 1810 carecía de potestades o competencias para fundar universidades conforme al derecho colonial español o indiano, o para reformar seminarios de acuerdo al derecho canónico; que tampoco era esa Junta una autoridad republicana (la república nacería más tarde) o una autoridad declarada en rebeldía. Reconozco la verdad arrojada por la investigación de los historiadores merideños de que el decreto de la Junta Superior Gubernativa de Mérida fue desconocido por el Poder Ejecutivo de la República de Colombia, el cual, puesto a escoger entre el derecho colonial y el acto de la Junta Superior Gubernativa, por acto administrativo se pronunció a favor del primero; que el decreto de la Junta Superior Gubernativa de Mérida fue derogado por ley de la República de Colombia; hago las precisiones necesarias sobre el ordenamiento jurídico vigente en Venezuela en el período que va de 1810 a 1832, de modo que se esté en capacidad de emitir juicio sobre el valor jurídico del acto de la Junta Superior Gubernativa de Mérida a lo largo de su transcurso histórico y también acerca de la decisión del gobierno de José Antonio Páez en 1832; afirmo que en 1832, cuando a instancia del Gobernador de Mérida Juan de Dios Picón el gobierno de José Antonio Páez reconoce virtual o implícitamente la existencia de una universidad en Mérida a la cual dota de Rector interino, se produce el empalme del derecho colonial que acompañaba a la institución merideña con el derecho venezolano republicano. Por último, si se pretendiera que lo que hizo el gobierno de José Antonio Páez fue reconocer la situación de hecho de que en Mérida existía una universidad y que las situaciones de hecho tienen a veces más fuerza que el derecho, en la conformación de esa situación de hecho concurrían, sin duda, tanto los antecedentes coloniales como los derivados de la actuación de la Junta Superior Gobernativa de 21 de septiembre de 1810 de manera indistinta, porque la Universidad de Mérida es una obra colectiva, es la mayor empresa histórica de los merideños, según la afortunada observación de Don Mariano Picón-Salas. La conclusión sobre el carácter antijurídico del decreto de la Junta Superior Gubernativa de Mérida de 21 de septiembre de 1810 y de su ausencia de efectos para 1832 por virtud de la derogación de la que había sido objeto por la legislación colombiana que estuvo en vigor en Venezuela, no priva a ese decreto de la enorme significación que tiene desde otros puntos de vista, especialmente como evidencia de la voluntad común del pueblo de Mérida de tener una universidad.

Una visita a la Mérida de 1810 no puede ser desconectada de la Mérida de 1811 y del trabajo de los constituyentistas merideños que, encabezados por Mariano de Talavera y Garcés, llevaron a la elaboración de la Constitución Provisional de la Provincia de Mérida de 1811, muy justamente valorada y enaltecida por el profesor de derecho constitucional Fortunato González Cruz, quien sostiene la tesis sobre la influencia del pensamiento escolástico, fundamentalmente del jesuita Francisco Suárez, en la constitución provincial de Mérida; y, específicamente, en el hecho de que el principio de la soberanía popular y los principios que son el fundamento del proceso constituyente de la Provincia de Mérida de Venezuela, provienen de la filosofía escolástica y no de John Locke ni de los demás representantes de la Ilustración, como Jean-Jacques Rousseau, pues, más bien, éstos recibieron la influencia de Francisco Suárez.

Pero la Constitución Provisional de Mérida de 1811 es también muy importante para el derecho mercantil venezolano, porque en ella se contienen disposiciones sobre el Real Consulado, el tribunal de comercio colonial, asunto sobre el cual guardará silencio la Constitución nacional de 1811. Una muestra de la ilustración de los constituyentes merideños.

—————————————————————————————-

         Mi trabajo continúa con algunos señalamientos relacionados con los seminarios surgidos después del Concilio de Trento y por ello denominados seminarios conciliares. La idea central de los seminarios conciliares es resumida así por el ilustrado historiador Javier Vergara Ciordia:

Los seminarios conciliares tienen su especificidad. La más importante es la elevación de la educación que se imparte en ellos, donde mediante el refinamiento de la tradición filosófica y jurídica grecorromana se enfrentan los argumentos de la reforma. Hay un agregado de cultura, de aspiración permanente de perfección escolástica, al lado de la razón y de la fe.

         La vinculación de los seminarios con las universidades no es un asunto casual, al contrario, el seminario, para cumplir sus fines superiores, será frecuentemente promotor o sede de universidades. La idea del seminario conciliar como centro de estudios superiores se encuentra al más alto nivel de la consideración de Carlos III. Este monarca se ocupó de secularizar los ambientes culturales españoles y reorganizar las universidades de modo centralizado, incluyendo en ellas los estudios eclesiásticos y reformar los seminarios como centros públicos de enseñanza, abiertos a un currículum más amplio, que incluía materias novedosas (matemáticas, física, historia natural, astronomía y otras disciplinas semejantes), siempre sujetos a la autoridad del monarca, por el acatamiento de sus alumnos a las regalías. También propició una vuelta a lo esencial de la filosofía y teología, siguiendo la Sagrada Escritura, los Padres de la Iglesia, los concilios generales y nacionales, a Tomás de Aquino, dejando de lado las eternas disputas entre escuelas minoritarias, basadas en las leyes de la Lógica”.

Beatriz Comella Gutiérrez, quien hace las precedentes observaciones, concluye:

         Carlos III secularizó los seminarios conciliares en el sentido de que pretendía que un futuro presbítero tuviera, además de la formación sacerdotal, la propia de un laico ilustrado de su época. El monarca, ferviente católico, no deseaba obviamente establecer un laicismo al estilo de los siglos XIX o XX, sino que estaba convencido de que, si el clero era ilustrado, España lo sería también. En esta línea, el Consejo de Castilla aprobó asimismo el 22 de marzo de 1773 que en las ciudades dotadas de seminario conciliar, pero no de colegios mayores o universidad, los primeros sirvieran como centros públicos de enseñanza. Durante el reinado de Carlos III se produjo esa citada eclosión y renovación de los seminarios: se crearon 11, que se añadieron a los 28 que ya existían.

Es lo que ocurre en Mérida con el Seminario de San Buenaventura. La autoridad real estimó, en 1806, que, si bien no existían colegios mayores o universidad en Mérida, pero existía seminario, éste podía servir de centro de estudios superiores con el rango o la gracia de universidad, por lo cual se procedió de esa manera a aplicar la política existente. Al hacerlo, el monarca Carlos IV reconoce la relevancia del seminario como institución, “una institución que trasciende la realidad religiosa, espiritual y moral para convertirse en un referente importante”, a juicio de Javier Vergara Ciordia.

Mi trabajo se hace eco de la reivindicación de la cultura medieval, la cultura que está presente en los seminarios conciliares; la cultura que salva de la destrucción los documentos y las obras de arte de la época grecorromana; la cultura que sistemáticamente recopila, comenta, interpreta y permite total libertad y desarrollo a la tradición intelectual grecorromana compuesta principalmente por la filosofía griega, el derecho romano y la fe religiosa cristiana. A tal efecto cita la opinión de Felicísimo Martínez Díez recogida en La pedagogía jesuítica en Venezuela, Tomo I; obra publicada por el humanista, educador e historiador  José del Rey Fajardo en la Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1991, en estos elocuentes términos:

Jamás los hombres medievales pretendieron olvidar y negar la cultura grecorromana para construir un mundo cultural al margen. Precisamente la cultura medieval se cimenta sobre las riquezas culturales de la Antigüedad, tejiendo sabiamente la filosofía griega, la revelación cristiana y el derecho romano, que constituirán por mucho tiempo las tres bases culturales de la historia de Occidente. Sin embargo, el entusiasmo y la exaltación de la naciente Edad Moderna condujeron a los representantes del Renacimiento a juicios globales precipitados sobre la Edad Media, absolutamente distantes de toda objetividad histórica. La misma palabra “Renacimiento” alude a un renacer de la cultura clásica, como si ésta hubiera estado muerta u olvidada durante todo el período medieval. Los renacentistas se proponen recuperar y revitalizar la cultura grecorromana, dando por supuesto que los valores de esta cultura habían sido desconocidos y menospreciados por la cultura medieval. Esta interpretación global de la Edad Media como una etapa histórica en la que la corriente cultural clásica ha sido interrumpida, desemboca en los juicios más negativos sobre el Medioevo. Estos juicios llegan hasta considerar la Edad Media como una época de barbarie, de oscurantismo, de tinieblas, de superstición e irracionalidad, de inhumanidad y desconocimiento del hombre, de desorganización y caos social. Estos juicios encubren uno de los peores errores históricos que el hombre puede cometer: negar u olvidar intencionalmente su propio pasado. La naciente Edad Moderna pretende negar los siglos del Medioevo, ponerlos entre paréntesis y dar un salto histórico retrospectivo para empalmar los nuevos tiempos con los siglos que los renacentistas consideran como la última etapa de la genuina cultura grecorromana.

         Como el examen de los seminarios conciliares no puede ser separado de la naturaleza de la enseñanza que en ellos se imparte (la escolástica) y del método que se emplea (el método escolástico), mi trabajo reproduce la opinión vertida a este respecto por el mismo Felicísimo Martínez Díez:

Desde un punto de vista intelectual la Edad Media es asociada necesariamente a la Escolástica. Y los mismos juicios encontrados y hasta contradictorios entre sí sobre la Edad Media se traducen a su vez en juicios encontrados y contradictorios sobre la Escolástica. La Escolástica comienza con la Edad Media, pero se nutre básicamente de elementos culturales -formalidades y contenidos- procedentes del mundo clásico grecorromano. La Escolástica es duramente censurada por el pensamiento moderno y contemporáneo, pero la Escolástica no muere con la Edad Media. Atraviesa viva, aunque con altibajos, toda la Edad Moderna y Contemporánea. Unos la reprueban y denigran hasta desear que nunca hubiera existido; otros la ensalzan hasta desear convertirla en el único cauce legítimo de la cultura humana desde su origen. Como siempre la razón está en el medio. Ambos juicios están faltos de objetividad y de perspectiva histórica.

Agrega Martínez Díez que el fenómeno de la escolástica es culturalmente complejo e históricamente extenso. Textualmente afirma:

         El fenómeno de la Escolástica es un fenómeno culturalmente complejo e históricamente extenso. El sistema filosófico-teológico de la Escolástica experimenta una notable evolución a través de casi diez siglos, e incluso sobrevive a la Edad Media y llega a nuestros días, cuando ya otra filosofía y otras tradiciones teológicas han pasado a ocupar el primer lugar en el campo de la reflexión filosófica y teológica. Por eso es difícil caracterizar globalmente el fenómeno de la Escolástica.

Quienes piensan que la enseñanza en los seminarios conciliares es una acumulación de saberes irreflexivos o simplemente desestiman su valor, desconocen totalmente la realidad intelectual de la Edad Media y el contenido de la Escolástica que se enseña en tales centros de educación superior. A este propósito destaca Martínez Díez:

         En la Escolástica se encuentran diversas tradiciones filosóficas que suscitan distintas orientaciones en la reflexión teológica: allí están la tradición platónica y la tradición aristotélica que dan origen a diferentes planteamientos y orientaciones del problema teológico. En la Escolástica encontramos diferentes escuelas teológicas incluso en el período clásico de su esplendor. Allí están los franciscanos más propensos a afirmar la primacía de la voluntad con todo lo que esto supone en la ulterior reflexión filosófico-teológica, y allí están los dominicos, más propensos a afirmar la primacía del entendimiento con todo lo que esto supone en la ulterior reflexión filosófico-teológica. Todas estas diferencias son un claro testimonio de que este fenómeno cultural no es monolítico, dogmático, unitario, estático, ahistórico, como normalmente suelen calificarlo quienes desconocen su historia y dinámica.

          Al entrar en el centro de la investigación sobre la enseñanza del derecho mercantil en la Universidad de Mérida, el trabajo divide la búsqueda en varios períodos: la época colonial, el siglo XIX, el siglo XX y la época contemporánea.

Tal como ocurrió en la Universidad de Caracas y en el Seminario de Santa Rosa, en la época colonial no se enseñó derecho mercantil hispano en el Seminario de San Buenaventura de Mérida ni tampoco en la Universidad de Mérida. Los estudios jurídicos se circunscribían al derecho romano y al derecho canónico. Además, la real cédula que concede la gracia de otorgar grados mayores y menores al Seminario de San Buenaventura de Mérida, limita éstos a Filosofía, Teología y Cánones y no a derecho civil. La Junta Gubernativa de Mérida, además de preservar estos grados, amplía los estudios jurídicos e introduce el derecho civil, así como también crea los estudios de medicina, pero estos estudios no se organizarán ni comenzarán a funcionar sino más tarde, durante el gobierno de José Antonio Páez.

Para atender la deficiencia en la formación de los abogados en la Provincia de Caracas –donde se establecería el tribunal mercantil (El Real Consulado) al final del período colonial, en el año 1793- fue que el ilustre Dr. Antonio López de Quintana, Regente de la Real Audiencia de Caracas, interesó al Colegio de Abogados en el establecimiento de una Academia de Derecho Público y Español para estudiar las leyes del reino y la aplicación de la práctica de los tribunales, institución que funcionaría entre 1790 y 1797.

La información sobre los estudios de derecho mercantil en el siglo XIX, antes de que se dictara el primer Código de Comercio en 1862, es prácticamente inexistente. Como esos estudios necesariamente tenían que referirse a una legislación colonial que ni siquiera había sido objeto de estudios universitarios en su momento (Las Ordenanzas de Bilbao de 1767), una legislación derogada de hecho aunque legalmente vigente, no debe haber existido interés en su incorporación a los planes de estudio de las universidades, cuyo funcionamiento era irregular, por decir lo menos, debido a la guerra de independencia y a los conflictos internos. Después de 1862, tanto en la Universidad de Caracas como en la Universidad de Mérida se comienza a impartir la cátedra de Código de Comercio, con frecuencia junto con la cátedra de Código Civil, situación que durará todo el resto del siglo XIX y alcanzará, por lo menos,  las primeaos cuatro décadas del siglo XX.

No es sino después de 1945, año en que concluye la Segunda Guerra Mundial, se restablecen las comunicaciones de Venezuela con Europa y con el resto del mundo, se conocen en detalle los pormenores de la codificación italiana de 1942 que había unificado el derecho privado, que aparecen los estudios sistemáticos de derecho mercantil, precedidos de la aportación del docente de la Universidad de Los Andes Profesor Pedro Pineda León, quien en 1943 había publicado sus Principios de Derecho Mercantil separándose de la corriente exegética que había durado siglos. Antes, en las primeras tres décadas del siglo XX y en el siglo XIX desde 1862 hasta 1900, prevalecerá en las universidades el estudio del derecho mercantil sobre la base de los libros de Luis Sanojo y de Aníbal Domínici. En 1964, la Universidad Central de Venezuela publicará el Curso de Derecho Mercantil de Roberto Goldschmidt con un contenido actualizado y un método moderno; en 1986 la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, publicará el Curso de Derecho Mercantil de Alfredo Morles Hernández, que tiene más de diez ediciones y varias reimpresiones; y en 1988, la Facultad de Derecho de la misma Universidad Católica Andrés Bello abordará, con especialistas europeos, latinoamericanos y venezolanos los problemas esenciales del derecho mercantil, comenzando por el de su autonomía y el de su codificación, en las II Jornadas (Internacionales) de Derecho Mercantil. En la Universidad del Zulia aparecen los trabajos de Jorge Enrique Núñez, en la Universidad de Carabobo se destaca Pedro Rondón Haaz; en la Universidad de Los Andes se publica el notable Tratado Teórico Práctico de Derecho Mercantil de Ely Saúl Barboza Parra.

——————————————————————————————

En la universidad venezolana se ha debatido extensamente el problema de la enseñanza del derecho en general. Esas reflexiones son aplicables a todas las disciplinas jurídicas, sin excepción. La preocupación por la enseñanza no es exclusiva de las humanidades, sino que se extiende también a las ciencias. Naturalmente, la enseñanza tiene sus matices en cada una de las ciencias y en cada una de las disciplinas humanísticas.

En un momento dado, los científicos se dan cuenta que en la enseñanza experimental de la ciencia, ésta se seguía enseñando en el mundo entero como un conjunto prácticamente de hechos y verdades estables e inconmovibles que el libro contenía, el maestro exponía y el alumno repetía. Paradójicamente, esta situación en el campo de la ciencia era equiparable a una clase magistral de derecho romano en los seminarios de la Edad Media. La enseñanza verbalista de la ciencia y el enciclopedismo no eran diferentes al símil aludido, hasta que se presenta el acontecimiento del lanzamiento del satélite artificial Sputnik. Los científicos se dan cuenta de su atraso y surge un movimiento mundial de renovación de la enseñanza que se basa en dos postulados; en primer lugar, un postulado conceptual: la ciencia no es solo un conjunto de conocimientos sistematizados, sino también un conjunto de métodos para buscar y establecer nuevos conocimientos; a la ciencia información se debe agregar la ciencia investigación; y, en segundo lugar, un postulado estructural: la ciencia cuenta con conceptos e ideas poderosas y fundamentales que dan coherencia y unidad y que proveen de una estructura que relaciona y organiza los contenidos. La conclusión final de estas observaciones lógicas es que lo que se debe enseñar, inmediatamente después de ofrecer el estado del conocimiento, es cómo se obtienen, establecen y usan los conocimientos; qué relación existe entre teoría y práctica y entre teoría y laboratorio, dándole un peso enorme a la metodología del quehacer científico (incluyendo el método mismo), así como a los procedimientos, técnicas, destrezas y habilidades. A la hora de revisar qué se enseña y cómo se enseña ciencia, la transformación alcanza todos los niveles: (i) la estructura de los contenidos; (ii) la interacción del investigador y del estudiante y los hechos de la naturaleza; (iii) la organización de grupos de investigación en forma vertical o circular, con las decisiones finales en manos de los científicos de nivel universitario; (iv) la ordenación de los conocimientos densos y masivos logrados, tan masivos como habían sido los conocimientos enciclopédicos; (v) la participación de especialistas de otras ramas que incluían las disciplinas humanísticas; (vi) los cambios curriculares que se han de introducir en ciertas disciplinas; (vii) el análisis técnico y moral de la utilización de los conocimientos y resultados obtenidos.

Luego viene el movimiento de la ciencia integrada. La moda del desarrollo curricular se consolida. Gráficamente se afirma que los autores ya no dicen que están escribiendo un libro, sino que organizan un equipo y dicen que están desarrollando un nuevo currículo. Así es como se obtienen algunos éxitos, especialmente en el campo de los procesos multi e interdisciplinarios (bioquímica, biofísica, biofísico-química, biología molecular, electro neurofisiología, cibernética, etc.). El progreso que se ha logrado con la renovación de los enfoques y de la metodología de la enseñanza y de la investigación científica es enorme, pero la sociedad contemporánea y organismos internacionales de promoción del desarrollo han señalado que existe una interacción entre la ciencia y la sociedad; que la ciencia tiene un contenido social que se tiene que considerar, que la vida personal del ciudadano es afectado o beneficiado por el quehacer científico o por la aplicación de los conocimientos. La crítica principal que se escucha es que la ciencia ha sido aislada y descontextualizada.

Las críticas a la ciencia que se hace, una porción de ella dedicada al lucro de grandes corporaciones y países, ha influido para que disminuya en algunos de ellos la matrícula universitaria en las asignaturas científicas y paralelamente aumente en las carreras humanísticas, pero nadie desconoce el impacto de los descubrimientos científicos en la vida social, los más mencionados de los cuales son las armas nucleares, el deterioro ambiental y los sistemas de información y comunicación.

Este movimiento cuestionador es tan enérgico que existen documentos enteros de la UNESCO dedicados al tema. Por ejemplo, la lectura del Resumen sobre el Estado Mundial de las Ciencias Sociales de 2016 de la Unesco (Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo), en que se abordan siete aspectos de la desigualdad (la desigualdad económica, la desigualdad social, la desigualdad cultural, la desigualdad política, la desigualdad territorial, la desigualdad cognitiva y la desigualdad de conocimientos), y se propone entre uno de sus objetivos “Contribuir al estudio multidisciplinario de la desigualdad con aportes de una amplia gama de ciencias sociales (por ejemplo, la economía, la ciencia política, la sociología, la psicología, la antropología, la ciencia jurídica y los estudios sobre el desarrollo), así como de otras disciplinas y de trabajos de investigación no académicos”, no deja dudas sobre el papel importantísimo que la actual enseñanza del derecho tiene para informar sobre la dimensión de las desigualdades, sobre su impacto sobre los derechos humanos y sobre los remedios que cabe utilizar para corregir o aliviar las graves consecuencias que producen las desigualdades. Uno de los estudios citados en el Resumen, titulado Los derechos jurídicos como instrumentos para impugnar la desigualdad, resalta con elocuencia el papel de los juristas en la construcción de un mundo más justo, rol que siempre han jugado las disciplinas jurídicas en la sociedad.

El derecho mercantil es un conjunto de principios e instituciones  que procura el equilibrio entre intereses opuestos en un sistema económico en que cada quien tiene libertad para dedicarse al oficio de su preferencia y a la actividad productiva de su gusto. Para el derecho mercantil la desigualdad es reprobable. Así se ha enseñado siempre en la Universidad de Los Andes por sus ilustres catedráticos, quienes han aprovechado las críticas que sus colegas científicos han hecho a la enseñanza de sus asignaturas para actualizar la transmisión de su pensamiento y de sus saberes a las nuevas generaciones. En la Universidad de Los Andes sus profesores han publicado textos en los cuales se aborda con inteligencia esta cuestión de interés para todos los docentes y para la propia institución universitaria. Mauricio Rodríguez Ferrara, quien comienza por distinguir entre los países de derecho escrito y los países de derecho consuetudinario, explica que la creación y la aplicación de la ley corresponde a órganos distintos en el derecho escrito, mientras que la creación de la ley, si bien también es hecha por órganos legislativos en el common law (Statutory Law), es frecuentemente tarea asumida por los jueces en el sistema consuetudinario.

Rodríguez Ferrara, cuyo ensayo tiene el mérito de recoger la experiencia de estudiante y de profesor en la Universidad de Los Andes, afirma que la enseñanza jurídica tradicional universitaria se basa fundamentalmente en lo que Calamandrei denominó alguna vez “método charlatanesco”: (i) el profesor monologa durante una hora; (ii) el estudiante escucha y eventualmente toma apuntes; (iii) los apuntes son vertidos con cierta técnica en la hoja del examen y el estudiante aprueba sin un mínimo aceptable de comprensión; (iv) el profesor es la autoridad y no le gusta ser contrariado; (vi) “ Es lo que Freire denominó la «concepción bancaria de la educación», donde el estudiante repite como un papagayo los poquitos conocimientos que de alguna manera le deposita (o trata de depositar) el profesor”.

Rodríguez Ferrara da a entender que la sumisión del estudiante al profesor es una cuestión cultural y afirma, rotundamente, que el profesor universitario transmite al estudiante el conocimiento jurídico, el método jurídico y los valores. El conocimiento jurídico es el instrumento para la transmisión de dos elementos valiosos. En cuanto al método, Rodríguez Ferrara tiene una posición relativa. Dice:

Cada profesor tiene su manera particular de resolver los problemas jurídicos. Cada profesor tiene su manera particular de acercarse a las instituciones jurídicas. Esta manera de acercarse a los problemas y resolverlos nos lleva al método. El método son los pasos, el camino que se sigue para llegar a un punto determinado (trátese de un problema, análisis de un objeto, etc). El método jurídico, como todo método científico, requiere de claridad en los conceptos, razonamiento lógico y orden en los pasos que se van dando. Cada uno de nosotros tiene su propio estilo, cada uno tiene su peculiar manera de acercarse a los problemas, pero en todos nosotros el método, el camino es el mismo, o implica lo mismo. Y ese estilo que tenemos cada uno de nosotros los estudiantes lo captan y, en muchos casos, lo asumen y lo adoptan como propio. De ahí la importancia que tiene nuestro proceder de manera racional, clara y ordenada.

         Con respecto a los valores, Rodríguez Ferrara afirma:

         Lo segundo que transmitimos al estudiantado –y que también tardamos años en percibirlo– son nuestros valores. Nuestros estudiantes se fijan en nuestras virtudes y defectos, en nuestras responsabilidades y en nuestras obligaciones. En lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer. En lo que les hacemos leer y en lo que los hacemos trabajar. Querámoslo o no –como bien lo afirma una prestigiosa escritora norteamericana– somos paradigmas de nuestros propios valores. De ahí el cuidado que debemos tener en nuestro proceder diario, en nuestras responsabilidades. El estudiante, consciente o inconscientemente, capta nuestros valores, aunque no necesariamente los comparta.

Concluye su estudio el Profesor Mauricio Rodríguez Ferrara haciendo mención del valor de la universidad más allá de su condición de centro de enseñanza superior, así:

         La Universidad es algo más que un centro de enseñanza. La Universidad concentra una capacidad intelectual de primer orden. La belleza de la Universidad radica en ese conjunto de personas que la integran y que tienen la extraordinaria suerte de poder dedicar su vida entera a la Ciencia y, más que eso, al pensamiento. A un pensamiento puro, libre, desinteresado, que no necesita ni requiere servir de sustento a nada o a nadie. Realmente somos afortunados quienes dedicamos nuestra vida a la Universidad. Pero esa suerte viene acompañada de una responsabilidad, de una enorme responsabilidad. Y aquí debo tomar en préstamo las palabras de Toni Morrison para dar por terminado el presente escrito: «Si la universidad no asume seria y rigurosamente su papel como vigilante de las mayores libertades cívicas, como crítico de problemas éticos cada vez más complejos, como sirviente y responsable de prácticas democráticas más profundas, entonces otro régimen, o mezcla de regímenes, lo hará por nosotros, a pesar de nosotros, y sin nosotros».

El recorrido histórico que ha sido hecho en mi trabajo de incorporación me obliga a efectuar algunas precisiones finales, porque la valoración del pasado no puede significar nostalgia o evocación romántica ni tampoco condena absoluta e indiscriminada. El historiador ha de procurar mantener un enfoque equilibrado y objetivo.

En primer lugar, se ha de reconocer que hay una diferencia notable entre la universidad medieval europea y la universidad hispanoamericana.

La universidad que aparece en Europa alrededor del siglo XII es una Universitas, una comunidad, una agrupación de interesados en temas comunes para la discusión y el intercambio; y, es, también, conforme a los usos sociales de la época, un gremio, un gremio de profesores y alumnos interesados en aprender un oficio. Así nace la Universidad de Bolonia, en 1088 (conmemoró los 900 años en 1988), y así nacen otras universidades, como París (1096, aunque se discute su existencia simultánea con Bolonia), Oxford (1096), Salamanca (1254) y Coímbra (1290).

El régimen de la Universitas medioeval es, desde el punto de vista pedagógico, el de la libre discusión y análisis de los temas siguiendo el método escolástico de lectio, repetitio y disputatio. El sistema doctrinal de la escolástica tiene como base el pensamiento clásico grecorromano y el mensaje revelado judeo-cristiano. En opinión de los expertos en educación, los escolásticos trabajan sobre esta base doctrinal: la transmiten, la interpretan, la comentan, la sistematizan, la prolongan y enriquecen, pero en su contacto con la realidad y con las ciencias la escolástica retrocede y acepta los resultados que éstas muestran. Por ello no se puede renunciar al método escolástico de exposición del conocimiento.

La universidad medioeval europea es desde sus propios comienzos una institución igualitaria entre profesores y alumnos, una comunidad de la época. Se separa de las diferencias de clase social, en el sentido de que cualquier persona puede ser miembro de ella con los mismos derechos y dentro de la comunidad todos son iguales. Es también una institución con libertad de pensamiento: el propio método escolástico es inherente a esa libertad. La disputatio tiene como finalidad hacer aparecer la verdad por la vía del razonamiento.

En Hispanoamérica, en cambio, siguiendo las pautas discriminatorias de la sociedad española de la época, para poder tener acceso a los cargos de la administración colonial, al comercio, a la milicia, al seminario, a la universidad o al ejercicio de las profesiones, se requería ser blanco o blanqueado. En Caracas, “para ser admitido como alumno de la universidad se requería presentar un testimonio de vita et moribus, es decir, una relación detallada de “vida y buenas costumbres”, tal como anota Ildefonso Leal, el historiador de la Universidad de Caracas Con el auxilio de testigos y documentos, el aspirante demostraba que era “persona blanca”, de “legítimo matrimonio”, descendiente de cristianos viejos “limpios de toda mala raza”. Se excluía de la comunidad universitaria a los negros, zambos y mulatos y a quienes habían tenido en su familia alguna infamia por razón de un penitenciado, por la Inquisición o “alguna nota pública inmoral”. Además, “el estudiante debía gozar de buena posición económica, pues la Universidad exigía fuertes cantidades de dinero para conferir los títulos académicos. Un título de doctor de la época colonial equivalía a dos años de sueldo de un profesor universitario. Por esta razón muchos estudiantes dejaban de graduarse”.

La discriminación obligaba en ciertas situaciones a la necesidad de acudir a elaborar un expediente de limpieza de sangre, como fue el caso del patriota Juan Germán Roscio en su pleito con el Colegio de Abogados de Caracas para poder ser admitido al ejercicio de la profesión de abogado después de haber egresado de la Universidad de Caracas. Aunque la estratificación de la sociedad colonial no era de rigidez extrema, pues casi siempre se podía acudir al elástico sistema de la limpieza de sangre aunque se tuviera la piel muy oscura; ni tampoco se han encontrado vestigios de discriminación en el acceso al Seminario de San Buenaventura ni a la Universidad de Mérida, ejemplo quizá de lo que a veces ocurría y solía resumirse en el dicho de que “la ley se acata pero no se cumple”, se ha de reconocer que hay una diferencia muy grande entre la universidad conciliar hispanoamericana y la universidad medioeval europea, ésta más liberal en su composición por la tradición gremial y la uniformidad racial. No será sino después de la Independencia que se abolirá la esclavitud, se anularán las leyes que supuestamente “protegían“ a los indios y discriminaban a los “pardos” y se establecerán las nuevas reglas de igualdad de la sociedad venezolana.

En segundo lugar, el Código Civil y el Código de Comercio adoptados en el siglo XIX en Venezuela, inspirados en los textos franceses, inician, desde el punto de vista jurídico, la transformación de  la sociedad colonial venezolana (una sociedad de vasallos y esclavos) en una sociedad republicana (una sociedad libre). La adopción de esa legislación obedecía a la concepción política de nuestros libertadores, quienes sostenían, como lo hizo Bolívar en 1819 en el Congreso de Angostura, que las disposiciones del derecho colonial eran “funestas reliquias de todos los despotismos antiguos y modernos”, opinión corroborada al más alto nivel cultural por Don Andrés Bello, quien afirmaba que en “ese ordenamiento poco había de aprovechable para las nuevas repúblicas”. Eran exageraciones, exageraciones propias de la lucha política, destinadas a cumplir el propósito de la desconexión con la metrópoli.

Las normas que consagraban los principios de la organización de la familia, de la igualdad social y del derecho de propiedad, así como la libertad de comercio e industria en condiciones de libertad y de igualdad tenían que venir de otras fuentes. Por ello, nuestro ordenamiento jurídico tiene su origen en los modelos que las sociedades surgidas de la Ilustración y de la Revolución Francesa se ofrecían como paradigmas a nuestros constituyentes y legisladores, como son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamada por la Revolución Francesa en 1.789, la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana, realizada en 1.791, y la libre iniciativa económica consagrada en el Código de Comercio francés de 1807 y recogida desde nuestro primer Código de Comercio de 1862.

El Código de Comercio y las normas mercantiles han sido desde siempre normas de la igualdad para acceder al mercado a ofrecer bienes y servicios en condiciones de competencia; normas de intercambio equilibrado y justo; normas de protección de los débiles jurídicos y de los consumidores; normas en transformación permanente para asegurar la sobrevivencia de la economía de mercado en un sistema político democrático. Así lo enseñaron en la Universidad de Mérida en el siglo XIX Mariano de Jesús Contreras, Gabriel Picón Febres, José María Tejera, Juan N.P. Monsant, Eduardo Febres Cordero  y Foción Febres Cordero. Así lo enseñaron a comienzos del siglo XX Florencio Ramírez, Roberto Picón Lares, Pedro María Parra, Francisco Antonio Celis y Zacarías Sánchez. Así lo enseñaron, ya entrado el siglo XX, Alberto Paoli, Juan Espinoza, Pedro Pineda León, Ramón Mazzino Valeri, Omar Eladio Quintero y Miguel Pisani Crespo. Así lo enseñaron, ya avanzado el siglo XX  Ely Saúl Barboza Parra, Luisa Orta de Barboza, Arturo Calderón Pino, Astrid Uzcátegui Angulo, Elianne Esteche de Fernández, Ricardo Romero Castellano. Así lo enseñan hoy, en el siglo XXI,  Miguel Alvarado Piñero, Armando Adolfo Vivas M., Ever Rolando González Rodríguez y Yenicce Dayana Lozada de Flores.

Así se ha enseñado el derecho mercantil en la Universidad de Mérida para su honra y prestigio, como para su honra y prestigio sus profesores han escrito obras notables y han reflexionado sobre la mejor forma de enseñar el derecho; y como para su honra y prestigio, los antecesores, profesores del Seminario de San Buenaventura, redactores de la Constitución de Mérida de 1811, incorporaron en ésta instituciones de la justicia mercantil como el Real Consulado, en un gesto de sabiduría que no ha sido reconocido y que impone a la Universidad de Mérida la obligación de hacerlo, primero mediante una investigación que determine –si ello fuere posible- quién o quiénes fueron los redactores del Capítulo Octavo de la Constitución de Mérida que regula la justicia consular; y luego, con algún gesto, como la develación de un retrato, la creación de una cátedra, la dedicación de un espacio o salón, o cualquier otra fórmula apropiada. Es posible que Mariano de Talavera y Garcés sea el profesor que elevó al rango constitucional el derecho mercantil venezolano. Ello se puede colegir de los estudios de Fortunato González Cruz, pues Mariano de Talavera y Garcés es un hombre culto entre los cultos redactores del texto constitucional de Mérida, pero la última palabra la dará, probablemente, la investigación que se lleve a cabo.

Ese acto de reconocimiento fortalecerá a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Mérida    y fortalecerá, en consecuencia, a la Universidad de Mérida, la cual libra una batalla contra el totalitarismo y a favor de la libertad y de la democracia, lucha en la cual no está sola.

Dr. Alfredo Morles Hernández

Academia de Mérida, 11 de abril de 2018

Total Page Visits: 138 - Today Page Visits: 1

0 comentarios

Deja una respuesta

A %d blogueros les gusta esto: