Por: Dr. José Mendoza Angulo

Individuo de Número de la Academia de Mérida, Sillón No. 5.

“Venezuela tiene un largo camino por delante, Venezuela tiene que ser reconstruida, refundada, repensada, rehecha”. Moisés Naim: (25/01/19)

Presentación del asunto.

Al comenzar este año 2019, la lucha política en Venezuela por la recuperación de la democracia pudiera haber entrado en una fase decisiva. Esa dirección la marcan hechos como los siguientes: a) El nuevo aliento de la Asamblea Nacional como poder legítimo de la República no controlado por el régimen y, además, reconocido y con el apoyo efectivo, en la calle, de la colectividad venezolana. Después de su elección en 2015 y luego de haber sido reducida tanto por sus acciones como por sus omisiones y por la interferencia abusiva del gobierno, a ser una institución meramente nominal, la Asamblea Nacional ha recuperado un espacio político incuestionable dentro y fuera del país; b) La decisión de la Asamblea Nacional al declarar que, a partir del 10 de enero de 2019, fecha fijada por la Constitución como inicio de los períodos constitucionales en Venezuela, la República quedaba sin Presidente legítimo por desconocerse, nacional e internacionalmente como un acto viciado e inexistente el proceso electoral presidencial celebrado el 20 de mayo de 2018; c) La juramentación pública cumplida por el diputado-presidente de la Asamblea Nacional de asumir la Presidencia provisional de la República en ejercicio de las previsiones constitucionales para situaciones como la presente en Venezuela y ante la masiva demostración brindada por la sociedad venezolana reunida en Caracas y en las principales ciudades del país en ocasión de conmemorarse el 23 de enero el 61 aniversario de haber sido abatida la última dictadura militar del siglo XX, hecho que ha determinado la existencia de dos presidentes, uno, interino y constitucional apoyado por la mayoría de los venezolanos y por 62 países democráticos, y el otro, usurpador de la Presidencia y sostenido por las fuerzas armadas; d) La contundente demostración de solidaridad con Venezuela ofrecida por la comunidad internacional democrática mediante el respaldo a la Asamblea Nacional y el reconocimiento de la Presidencia interina del diputado Juan Guaidó; e) la indiscutible emergencia en el país de un liderazgo nuevo, de un centro personal de decisiones políticas y de referencia nacional, corajudo y amigable al mismo tiempo, sin estridencias pero respetado, una “fuerza tranquila” como decía de su liderazgo el presidente francés Francois Mitterand, encarnado en este caso por el diputado Juan Guaidó; f) Los indiscutibles actos de autoridad y de gobierno ejercidos hasta ahora por la Asamblea Nacional y el Presidente interino representados por las leyes sancionadas, la designación de representantes de Venezuela ante gobiernos y organismo internacionales, las medidas internacionales de protección del patrimonio nacional, la visita cumplida por el Presidente interino a varios jefes de estado de América del Sur, así como su participación vía internet en eventos internacionales, y g) la exacerbación de la crisis nacional hacia dominios y hasta límites inmanejables no conocidos ni imaginados por nosotros, del que la última manifestación de la penuria energética (electricidad, gasolina y gas) y la escasez de agua potable en la capital de la República son apenas una muestra. Estos hechos han colocado la confrontación de fuerzas que se escenifica en la República desde hace veinte años en un nivel y en un punto de los que muy probablemente saldrá una nueva situación política frente a la cual los venezolanos corremos el riesgo de jugar apenas un papel marginal. Todo indica que se está cerrando un ciclo político autoritario de veinte años para Venezuela y abriéndose otro de reconstrucción de la democracia en medio de innegables incertidumbres.

Aunque podamos encontrar compatriotas a los que pueda parecerles una extravagancia lo que vamos a afirmar, estimamos que mientras se resuelve, sobre la marcha, la orientación, la forma y el contenido que adoptará la transición desde la dictadura a la democracia, vale decir hacia un horizonte en el que comiencen a desaparecer las incertidumbres provocadas por la crisis histórica que padecemos, e incluso en la hipótesis de haberse dado inicio al proceso de reinstitucionalización del país mediante elecciones universales, directas, secretas y supervisadas por organizaciones internacionales reconocidas, resulta obligante empezar a pensar y a proponer, desde ahora mismo, así sea las líneas gruesas de lo que puede y debe ser el desarrollo de las formas acabadas –superiores nos gusta más decir- de nuestra democracia, para completar y superar, en el siglo XXI, el histórico proceso político que se inició en el siglo XX.

Cuando expresamos de manera tan categórica esta aspiración no estamos pensando en un arreglo menor de la casa de la democracia. Estamos imaginando un cambio verdadero. Un proceso que esterilice las raíces del autoritarismo, del militarismo y del populismo hasta reducir poco menos que a cero las posibilidades de su reaparición como opciones políticas válidas en Venezuela. Estamos pensando en la reorganización política del país sobre bases nuevas. En definir otros fundamentos para la economía nacional, en colocar las bases para que nuestra sociedad se desenvuelva de acuerdo a un moderno sistema de valores políticos, culturales, educativos, científicos y tecnológicos y que todo este entramado tenga como telón de fondo la regeneración ética del ejercicio de la función pública y de la actividad privada.

Hugo Chávez Frías en su momento y en la actualidad Nicolás Maduro, sus gobiernos, las bases de sustentación en que estos se han apoyado (la Fuerza Armada, el Partido Socialista Unido de Venezuela y bien definidas alianzas internacionales) y el tinglado institucional que han montado para dirigir al país (el Tribunal Supremo de Justicia junto con el sistema judicial de la República; el Consejo Nacional Electoral; el llamado Poder Ciudadano, vale decir la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, y desde el 2017 la espuria Asamblea Nacional Constituyente) no han constituido ni representan el verdadero problema político de fondo de Venezuela. Con el régimen que han instalado en el país han agravado hasta extremos demenciales el cuadro generador del estado de postración en que se haya nuestra sociedad desde hace ya algo más de cuatro décadas pero, conceptualmente hablando, apenas son la barrera mayor que bloquea, transitoriamente, el perfeccionamiento y profundización de la democracia venezolana. De lo que se trata por lo tanto es de la formulación de nuevas ideas y de proposiciones políticas concretas para un tiempo político de la democracia que ya está por llegar.

Para decirlo de otra manera, el conjunto de elementos formales que acabamos de enunciar y que configuran la fisonomía del régimen político instalado en el país a lo largo de los últimos veinte años es, en verdad y solamente, la fea y estorbosa costra que hay que quitar si queremos ver el origen, la hondura y la extensión de la herida causada en nuestro cuerpo político por las insuficiencias de la democracia representativa de partidos que facilitó la emergencia antidemocrática que ha provocado tanta ruina económica, pobreza, desajuste social, desesperanza y calamidades institucionales en nuestra sociedad.

La piedra con la que tropezamos.

Cuando terminaba el siglo XX, en 1998, tocados por años de prédica antipolítica, por el descalabro de la representatividad democrática en la sociedad, por la pérdida de la brújula para el progreso por parte del liderazgo nacional y por los grandes efectos de la irrupción de la crisis económica ocurrida en los años de 1977- 78, la mayoría de los votantes venezolanos llegó a persuadirse de que a cambio de la promesa o de la ilusión de mejorar sus condiciones materiales de vida, castigar la corrupción, sancionar a los delincuentes, imponer severas penitencias a los ricos, execrar a los políticos, acabar con los partidos, liquidar la pobreza y mejorar los servicios creados para la gente que se habían deteriorado casi hasta su extinción, no representaba un riesgo político mayor renunciar durante un tiempo a la libertad y otorgarle la confianza electoral para conducir el país al militar que seis años antes, en 1992, había intentado, por la fuerza, destruir el sistema político democrático que se había establecido en la República a lo largo de cuarenta y tres años.

Poco tiempo después de 1998 encontramos una explicación teórica consistente acerca de la posibilidad de este aparentemente extraño desenlace. Con la publicación, en 2004, del primer informe del “Proyecto sobre el desarrollo de la democracia en América Latina (PRODDAL)” adelantado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se despejaron muchas dudas. A partir del examen de los trabajos de más de cien analistas, los autores del Proyecto llegaron a estas conclusiones: PRIMERO, que los graves problemas que amenazan a la democracia son la pobreza y la desigualdad; la dimensión restringida del concepto de ciudadanía; las limitaciones de los estados por insuficiencia de los recursos; la interferencia de grupos de interés internos y externos; el deterioro de las instituciones políticas, particularmente de los partidos, y la diversidad de modelos de las economías de mercado, y SEGUNDO, que la “democracia electoral” debe ser substituida por la “democracia de ciudadanía”.

Después de los convulsos años que siguieron a 1998, y sobre la base del cuadro de errores e improvisaciones de los sectores democráticos que junto con el atropellamiento de las acciones del nuevo gobierno hicieron de la política nacional un erial, animado por las proposiciones del Foro Social de Sao Paulo, se armó en Venezuela, bajo el nombre de “socialismo del siglo XXI”, la réplica del modelo político que a pesar de su fracaso en todas las latitudes de la tierra en donde se implantó aún conservaba, al menos entre bastantes de nosotros, la extraña capacidad para invitar y persuadir a porciones importantes de compatriotas a que aceptaran visitar el cielo que se les prometía bajo la guiatura del teniente coronel, aunque se guardaba silencio de que el camino a recorrer tenía una escala de tiempo indefinido en el infierno.

Piso firme para caminar.

Como la dinámica del proceso político venezolano anuncia cambios en el horizonte, hagamos la siguiente advertencia de una buena vez. Para evitar que eventualmente se reproduzcan en el futuro situaciones como la que estamos viviendo, no bastará con remover la costra a la que nos hemos referido y quedarse allí. Salir de Maduro, del madurismo y del militarismo será un bálsamo pasajero si no se examinan y se aclaran las circunstancias que sirvieron de puerta franca al “socialismo del siglo XXI” y si no se tiene la voluntad política de corregir los viejos entuertos de raíz. Porque el problema político de fondo que arrastra Venezuela desde fines del siglo pasado no es lo que las apariencias parecen mostrar sino la crisis no atendida de nuestro sistema democrático.

De todas maneras, a la hora de presentar la caracterización de la crisis y de levantar el listado de hechos significativos supuestamente suficientes para soportar el análisis que se haga, metodológicamente parece pertinente tener presente la distinción entre las causas y las consecuencias de los fenómenos a los que nos referimos teniendo como telón de fondo el debido marco temporal de los mismos. Hay situaciones que pueden y deben ser presentadas como consecuencias de acciones y omisiones humanas, de decisiones administrativas insuficientemente fundamentadas, de errores en la percepción y evaluación de los hechos, pero esas mismas consecuencias pueden transformarse en causas de otros problemas por lo que es necesario tener la previsión de ubicar el análisis en el contexto temporal justo. El ascenso al poder de Chávez y el chavismo, vale decir hoy Maduro y compañía, fue la consecuencia de las insuficiencias que se observaron en el funcionamiento del sistema democrático y cuando ellos adoptaron la determinación política de construir en el país el “socialismo del siglo XXI” pasaron a ser causa agravante de los problemas de fondo padecidos por Venezuela desde antes de que ellos coparan el poder.

Mirar atrás para saber lo que buscamos adelante.

En el decir del historiador Germán Carrera Damas, la República Liberal Democrática fue establecida en Venezuela gracias a las decisiones políticas adoptadas por el gobierno que presidió Rómulo Betancourt a raíz del 18 de octubre de 1945. Si por democracia entendemos, sin más rebuscamientos, la capacidad reconocida a la sociedad, valga decir al pueblo, para tomar, por sí mismo, las determinaciones que conciernen a su destino y la consciencia por parte de ese pueblo de su poder, en Venezuela, en lo formalmente fundamental, este acontecimiento histórico está representado por la decisión del gobierno presidido por Betancourt desde 1945 de reconocer la capacidad y el derecho de todos los venezolanos mayores de dieciocho años, hombres y mujeres, habitantes del campo y de las ciudades, supieran o no leer y escribir, tuvieran o no bienes de fortuna y de convocarlos a votar en los procesos electorales nacionales, estatales o municipales que se realizaran de entonces en adelante.

Ha sido un largo camino el recorrido desde que, con la independencia, se estableció en Venezuela –de nuevo en palabras del historiador Carrera Damas- la República Liberal Autocrática. Hace más de doscientos años se iniciaron los acontecimientos que presidieron el nacimiento de este país. Entonces, la población asentada en el espacio que es hoy Venezuela decidió romper los lazos coloniales con el imperio europeo del cual dependía. No llegamos a ostentar todavía la cualidad de un nuevo estado porque no éramos aún ni siquiera una nación. Constituíamos, en realidad, una reunión de viejas provincias que dentro del ámbito del imperio español teníamos referencias administrativas y jerárquicas distintas y culturalmente éramos, porque no habíamos aprendido a llamarnos venezolanos, un conglomerado de hombres y mujeres centrales, llaneros, andinos, corianos, maracaiberos, orientales, guayaneses y margariteños, ubicados en un territorio no integrado como una unidad. No obstante, para la fecha de la que estamos hablando, en la recientemente creada Capitanía General de Venezuela, existían ya grupos humanos cohesionados que habían desarrollado intereses sociales y económicos propios y se había conformado en su seno un liderazgo esclarecido que supo leer e interpretar correctamente las señales y signos de cambio de su tiempo. Eso les permitió comprender que las ideas renovadoras de la ilustración europea en boga, junto a acontecimientos como la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la crisis provocada por la invasión napoleónica de España configuraban las condiciones principales para producir la ruptura y el cambio de una situación que no garantizaba esos intereses. Este primer paso fue terriblemente traumático. La República recién nacida quedó en ruinas, la población diezmada y su destino en manos de la violencia representada por la guerra de caudillos, los causahabientes de la de independencia primero y los herederos de la Guerra Federal después, que a lo largo de todo el siglo XIX no cesaron de matarse para ver quien administraba en provecho personal la escuálida herencia representada por un tesoro público inexistente o exhausto.

De la tiranía a la política y la democracia.

Para dar un segundo paso hubo que esperar casi cien años. Contados a partir de hoy, hace algo más de un siglo que empezó a caminar el estado nacional centralizado cuando al final del ciclo largo de guerras intestinas, por intermediación de los andinos del Táchira, en palabras del historiador Manuel Caballero, se completó la unificación territorial de Venezuela y asistimos, entonces, a la aparición de una cierta conciencia nacional. La fatiga y los miedos de la población por causa de la carnicería crónica del siglo XIX; la decadencia del liderazgo que las circunstancias históricas habían puesto al frente de ese proceso, y la emergencia de la vanguardia tachirense que postuló, en la facundia de Cipriano Castro, “nuevas ideas, nuevos hombres y nuevos procedimientos”, favorecieron, en el horizonte político que se abría, posibilidades de diversos signos en el país. En la primera mitad del nuevo siglo, además de la instauración de la más larga dictadura que hemos conocido los venezolanos (la del general Juan Vicente Gómez), en el criterio del historiados Caballero, se estableció una paz relativa en la República y como un resultado no buscado de ese proceso se inventó en Venezuela la política, vale decir el uso de la palabra y del discurso en la lucha social en lugar de las armas. Habiéndose refundado la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV) en la Universidad Central en 1927, de la mano de ese movimiento estudiantil, en 1928, bajo la inocente apariencia de una celebración juvenil en carnavales, apenas diez años después de consolidarse la implacable dictadura de Gómez con que se iniciaba el siglo XX, nació la política como nueva forma de la lucha social y con ella se regó la semilla de la civilidad para que, luego de la muerte del dictador, aparecieran los primeros brotes de la democracia en 1936 y se viera completado el perfil político del nuevo sistema con el triunfo de la llamada Revolución del 18 de octubre de 1945.

Este nuevo paso de la evolución política de Venezuela se puede estudiar como dos momentos de un mismo proceso separados por el hiato político de una intervención militar. Acercándonos al fin de la primera mitad del siglo XX, mediante el establecimiento de las formas políticas fundamentales de la democracia, proceso cumplido entre los años de 1945 y 1948, y luego, a poco de haber comenzado la segunda mitad del siglo XX, después de liquidada la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 y a lo largo de los cuarenta años siguientes, la consolidación de esas formas políticas, hasta que aparecieron las señales ominosas de la decadencia y las prevenciones, no debidamente comprendidas y por lo mismo no atendidas, de que si no se reparaban los entuertos y fallas del sistema en la forma debida un tiempo histórico distinto tocaría las puertas del destino nacional.

Mirada a la democracia con lentes de aumento.

Para comprender mejor las conclusiones a las que vamos a llegar digamos que la gestión pública democrática de los cuarenta años que van de 1958 a 1998 se puede agrupar en tres etapas en las cuales quedan comprometidas las responsabilidades, en grados diferentes, de los dos partidos que firmaron el pacto unitario de estado en 1958, conocido como “Punto Fijo”, y de sus dirigentes. En todo caso, para poderse explicar asuntos que no siempre son evidentes, conviene tener presente la perspectiva general de los hechos que nos muestra que los 43 años de vida democrática vividos por Venezuela desde su independencia, contados a partir del momento cuando Venezuela se separó de Colombia, representan apenas cerca del 23% de la historia republicana del país.

En la primera etapa, que comprende los gobiernos de Rómulo Betancourt (1959-1963), Raúl Leoni (1964-1968) y Rafael Caldera (1969-1973), considerada globalmente, el sistema democrático venezolano vivió momentos difíciles, pero logró indiscutibles realizaciones. Inaugurado bajo el amparo de una coalición de partidos (el pacto de Punto Fijo) que buscaba y logró asegurar la gobernabilidad democrática del país, los primeros gobiernos pudieron enfrentar con éxito, entre otras dificultades, una serie larga de grandes y pequeños intentos de golpes de estado militares inspirados, unos, por los intereses del militarismo asociados a la dictadura de Pérez Jiménez, y otros por la penetración izquierdista en las fuerzas armadas. Se produjeron tres divisiones de Acción Democrática, principal partido nacional, la primera por razones ideológicas sembradas al calor de la lucha clandestina contra la dictadura y estimulada luego por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, y las otras por el control burocrático del partido junto a disputas por la sucesión presidencial. Con el amparo del castrocomunismo se realizó el intento de implantar las guerrillas rurales y urbanas contra la recién inaugurada democracia. Los agentes nacionales de esa iniciativa fueron el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la primera gran división de AD, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y el hecho político, además de subestimar torpemente el mayoritario apoyo popular del nuevo gobierno, ayudó a resolver la sorda y fuerte resistencia militar contra el liderazgo de Betancourt. Las intervenciones antidemocráticas de dos países, Cuba que se convirtió en el sostén de la lucha guerrillera y República Dominicana desde donde el dictador Rafael Leonidas Trujillo auspició el atentado contra la vida del Presidente Betancourt en junio de 1960. La ruptura temprana de “Punto Fijo”, la coalición gubernamental instalada en 1959, por causa de las contradicciones políticas que emergieron y se exacerbaron entre las fuerzas democráticas del país y del retiro de uno de los partidos firmantes (Unión Republicana Democrática), aunque más adelante reconstituido por poco tiempo bajo el nombre de “ancha base” gracias a la incorporación al gobierno presidido por el doctor Raúl Leoni del partido Frente Nacional Democrático (FND) fundado por los doctores Arturo Uslar Pietri y Ramón Escovar Salom, fue una seria perturbación. Y se puede citar también, la pérdida del control político de la Cámara de Diputados por parte de las fuerzas democráticas coaligadas en el gobierno durante momentos de serios riesgos para la estabilidad del sistema recién instalado.

No obstante, en estos quince años, y añadiendo decisiones sin duda trascendentes adoptadas durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, podemos decir, en un apretado resumen, que se lograron importantes resultados. Se promulgó la Constitución de la República democrática (1961), la de más larga duración en nuestra historia y se aprobaron, entre otros textos, la Ley de Reforma Agraria (1960) y la Ley de Carrera Administrativa (1970). Se creó la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), se promovió la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se fundó la empresa estatal Petróleos de Venezuela y se produjo la nacionalización del petróleo. Se crearon la Corporación de Guayana (CVG) y la Corporación de Los Andes (CORPOANDES), se constituyó la empresa Siderúrgica del Orinoco C.A. (SIDOR) y se nacionalizó la industria del hierro. Se inauguró la Represa de Guri y se construyó la nueva sede del Banco Central de Venezuela. En el dominio de lo cultural, entre otros logros, se crearon el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el premio Rómulo Gallegos, el Museo de los Niños, la Universidad Simón Rodríguez, el programa de becas “Gran Mariscal de Ayacucho”.

Puede decirse entonces que antes de manifestarse las expresiones más crudas de la crisis nacional, las formas políticas de la democracia estaban consolidadas en el país. Al término del mandato de los cuatro primeros presidentes civiles habíamos aprendido ya que, en términos esencialmente políticos, la democracia es el derecho de la sociedad de escoger libremente a sus gobernantes mediante el voto universal, directo y secreto; que el poder político no debe estar concentrado en manos de una sola persona sino organizado en poderes diferenciados y teóricamente autónomos; que el mandato para dirigir al país se ejerce por tiempo limitado y que debe ser alterno; que la organización institucional de la República debe estar prevista en una constitución que no puede ser la expresión de la voluntad de quien gobierna sino el resultado de un pacto social

Pero nos faltaron cosas por aprender. Tal vez la más importante sea la contenida en la observación hecha por el historiador Germán Carrera Damas al funcionamiento de la democracia en Venezuela. Él sostiene que la democracia venezolana funcionó bien en términos políticos pero no en términos sociales. Sus palabras son las siguientes: “la sociedad venezolana (ha funcionado) políticamente de manera democrática, pero no socialmente de manera democrática. La capacidad de autocontrol de la sociedad que es un indudable signo de desarrollo y madurez democrática, en nuestro país es muy baja, todavía el recurso a la autoridad es excesivo” (Venezuela siglo XX. Visiones y Testimonios, Caracas, Fundación Polar, Volúmen I, p.465) Lo cual significa que ni la sociedad como conjunto de personas ni las individualidades que la integran han hecho de la democracia parte integrante de su ADN no solo en el comportamiento frente a las instituciones del Estado sino en la vida de relación de unos individuos con otros. Por esta razón los componentes de la sociedad solo estiman tener derechos frente al Estado por lo que para la regulación de las relaciones humanas siempre está haciendo falta recordar o amenazar con la aplicación de unas normas que se supone que existen pero que nadie conoce y, sobre todo, la posibilidad velada o abierta de la acción de un gendarme encargado de vigilar su cumplimiento. Nadie cumple sus obligaciones por tener consciencia de ello ni ejerce sus derechos con la ponderación de sus limitaciones sino que irrumpimos en todo como si solo existiéramos nosotros.

Es pertinente mencionar ahora que aún dentro de este período de consolidación de las formas políticas de la democracia se produjeron situaciones, en el estricto dominio de lo político, subestimadas porque tal vez no fueron comprendidas, atendidas ni resueltas con propiedad. Veamos un caso particular demasiado relevante, entre otras razones para mostrar que la crisis de nuestra democracia no consistió en la irrupción de todas sus manifestaciones en un solo momento. Se trató más bien de la acumulación de problemas, contradicciones y situaciones no resueltas oportunamente que fueron minando la consistencia del sistema democrático en el ánimo de la colectividad.

El gobierno del presidente Rómulo Betancourt, en 1963, había logrado de parte del gobierno de los Estados Unidos la extradición del exdictador Marcos Pérez Jiménez acusado por graves delitos de corrupción. Sometido a los tribunales de Venezuela, como un ejemplo de la moralización de la función pública en democracia se le impuso una condena que cualquiera hubiera podido decir que había sido medida políticamente. ¡En efecto, el mismo día que se le leyó la decisión condenatoria del tribunal salió en libertad por encontrarse cumplida la pena! Esto sucedió en agosto de 1968 y en las terceras elecciones generales convocadas para diciembre de ese mismo año Pérez Jiménez resultó electo por el voto popular, especialmente de la capital, Senador de la República por el Distrito Federal. Esto quiere decir que a los cuatro meses de haber sido condenado y a los once años de haber sido derrocado, repudiado y abominado por todo el país, sobre todo por los caraqueños, el antiguo dictador políticamente levantaba cabeza. La reacción de los demócratas se limitó a hacer anular la elección de Pérez Jiménez por no estar inscrito en el registro electoral y propiciar la primera enmienda de la Constitución para que, en el futuro, no pudieran ser elegidos o designados a altos cargos públicos quienes hubieran sido condenados por hechos de corrupción. Pérez Jiménez ya no estaba en Venezuela, pero la enmienda fue apurada ante el anuncio hecho por la Cruzada Cívica Nacionalista, el partido de los antiguos perezjimenistas de que presentarían la candidatura presidencial del exdictador para las elecciones de 1973. Nadie hizo ningún examen crítico acerca del mensaje implícito en lo que había pasado. Se sobrestimó exageradamente la capacidad política de las fuerzas gobernantes y a pesar de que en las elecciones generales de 1973 el perezjimenismo alcanzó de nuevo una importante votación, la aparición del fenómeno político de la polarización electoral entre Acción Democrática y Copei seguramente actuó como un tranquilizador de consciencias o como un dato que le hacía perder importancia a las feas manchas que aparecían en el rostro de la democracia. Nadie quiso o no pudo darse cuenta que, en la realidad política nacional, detrás de las apariencias, tomaba cuerpo una peligrosa orientación, una tendencia soterrada que podía terminar, como se vio después, con el sistema democrático.

La segunda etapa, integrada por el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez y los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, siendo diferentes en sus formulaciones generales y en buena parte de sus determinaciones administrativas, constituyen, en conjunto, el deterioro más o menos abrupto del camino que recorría la experiencia democrática después de 1959 llegando a provocar desde entonces un desajuste del conjunto del sistema que marcó la tendencia dominante en medio de la cual la democracia representativa de partidos terminó su periplo cuando finalizaba el siglo XX.

Carlos Andrés Pérez llega al poder en las elecciones presidenciales de más alta participación electoral que ha conocido Venezuela, con una abstención de apenas un 3% de la población votante. Fueron, además, los comicios que señalaron el inicio de la polarización electoral en el país entre los partidos Acción Democrática y Copei, fenómeno que se extendió hasta las elecciones de 1988. La suma de los votos obtenidos por AD y Copei superó el 90% de los sufragios emitidos. Bajo la consigna de “democracia con energía”, para el partido AD esta elección significó su regreso como primera fuerza política indiscutida del país, deslastrada del fardo de los traumas y aporreos en su vida interna provocadas por las divisiones sufridas, pero con una dirigencia sin la calidad intelectual y la hondura política de los primeros tiempos. El Presidente Pérez aparecía en 1973 como el líder político más importante del país y de AD, sin el peso muerto de la imagen policial a la que estuvo asociado por su actuación en el Ministerio de Relaciones Interiores bajo el gobierno de Rómulo Betancourt. Alcanzó con estas elecciones para AD la hegemonía sobre los poderes públicos no compartida con ninguna otra fuerza.

En medio de una situación petrolera de altos precios internacionales del crudo y, por consiguiente, de elevados recursos fiscales, con un ambicioso programa de gobierno convertido mediante la aprobación por el Poder Legislativo del V Plan de la Nación en el proyecto de “La Gran Venezuela” y con unas ganas enormes de pasar a la historia con la obra realizada en el breve lapso de un período constitucional, el gobierno presidido por el Presidente Pérez sometió a la economía nacional a unas presiones en el gasto incrementado con la política de endeudamiento seguida, fuerzas que, en conjunto, sobrecalentaron la temperatura de la actividad económica, prendieron las alarmas de los indicadores económicos y promovieron la reacción nada inocente de sectores sociales y económicos, hasta que la economía se descarriló.

Una figura pública tan respetada en el país como la del doctor Juan Pablo Pérez Alfonzo lanzó en la ocasión una airada voz de alerta cuando advirtió que el estómago de la economía venezolana no era capaz de digerir el bocado representado por las políticas de “La Gran Venezuela”. Y poderosos sectores del país que ya estaban participando en la fuga de capitales ante el temor de la intoxicación económica que podía sobrevenir, además de estar alarmados por lo que consideraban la profundización del estatismo en la vida económica del país, promovieron la organización del gran capital para responder políticamente a lo que consideraban una amenaza, divulgada con bastante generosidad en los medios de comunicación sobre todo televisivos. De allí surgió el Grupo Roraima que en 1983 presentó formalmente el “Proyecto Roraima” denominado Proposición al país, basado en el examen del comportamiento de la economía nacional durante los diez años correspondientes a los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins. Por cierto, de este grupo llegaron a formar parte importantes economistas que luego tuvieron destacada actuación en el diseño de los planes en los segundos gobiernos de Pérez y Caldera.

Sin negar el contento de numerosos compatriotas, especialmente los beneficiarios del programa de becas “Mariscal de Ayacucho”, lo cierto es que el presidente Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática y Venezuela terminaron mal el período constitucional iniciado en 1974. Carlos Andrés Pérez y Acción Democrática perdieron las elecciones de 1978. La polarización electoral se mantuvo entre AD y Copei pero la abstención pasó del 3 al 12% y en las elecciones municipales celebradas en 1979, las primeras separadas de los otros comicios pero ya con Copei y Herrera Campins en ejercicio de sus mandatos, la abstención alcanzó el 27%. En un ambiente político-social que se hacía cada vez más tenso y crítico en el país, Pérez debió enfrentar un severo juicio político en el Congreso Nacional del que salió librado. Y Venezuela, después de la euforia de “La Gran Venezuela” comenzó a vivir en otra dimensión los pesares con los que terminó el mandato del presidente Pérez.

Cinco años después de la primera presidencia del doctor Rafael Caldera llega de nuevo Copei al poder en lo que sería su última oportunidad de dirigir a Venezuela como partido. La presidencia fue ocupada por Luis Herrera Campins en medio de una atmósfera política, económica y social enrarecida y condicionado por una campaña electoral en la que se expresaba los crecientes sentimientos de insatisfacción de la colectividad con el funcionamiento de la democracia y que el nuevo gobierno creyó que se trataba de un sentimiento concentrado en el presidente Pérez y en AD.

En la primera mitad de los años ochenta empezaba a sentirse con fuerza el coro de quienes reclamaban una revisión crítica de las actuaciones de la democracia representativa de partidos sin que el mundo político diera una respuesta a la queja. Revisando papeles de la época nos encontramos con una declaración pública del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, segunda Universidad en importancia del país, formulada el 5 de noviembre de 1981 en la cual se afirmaba que “en Venezuela ha empezado a operarse una peligrosa separación entre las expectativas del venezolano y la respuesta que la democracia viene dando a esas expectativas. En buena medida, nuestra democracia está perdiendo su capacidad de respuesta ante los reclamos sociales….la democracia venezolana parece más inclinada a ocultar su miopía y su incompetencia para redefinirse, transitando la pendiente del populismo, de la riqueza fácil, del consumismo y de la corrupción”.

Ni Copei, ni el presidente Herrera, ni los equipos humanos en que se apoyó durante su gestión entendieron la naturaleza del espasmo que se produjo en el país cuando terminaba el gobierno del presidente Pérez. Dicho sea al pasar, tampoco Pérez y sus asesores comprendieron lo que había pasado entre 1977 y 1978. Cuando Herrera Campins asentó en su discurso de toma de posesión que recibía un país hipotecado asumía el enfoque de quienes pensaban que era necesario arrojar cuanto antes toda el agua que se pudiera sobre los canales económicos del país para apagar o enfriar el recalentamiento mayor de la economía ocurrido en el gobierno precedente.

El presidente Herrera, con un débil dominio sobre los asuntos económicos y con el equipo designado sin unidad de criterio frente a la crisis, no solamente no pudieron cambiar la dirección de los acontecimientos, sino que con sus dudas propiciaron que el espasmo económico de 1977-78 se convirtiera en cuatro años seguidos de estancamiento y de enrarecimiento del aire económico, político y social del país. El endeudamiento público continuó a pesar del discurso de toma de posesión del Presidente y su carga llegó a representar alrededor de la cuarta parte de los ingresos fiscales de 1983; la fuga de capitales alzó vuelo y entre 1980 y 1982 alcanzó los 50.000 millones de bolívares de entonces; en febrero de 1983 sobrevino el llamado “viernes negro”; la inflación se desató en el país y la democracia representativa de partidos no solo no pudo frenar el empobrecimiento de la sociedad sino que, hay que anotarlo como un saldo rojo suyo, la pobreza se expandió como una mancha en el territorio nacional carcomiendo incluso los niveles de vida de clases sociales que ya no eran pobres, haciendo sonar el pitazo para que comenzara la fuga de los primeros venezolanos hacia el exterior. Y mientras tanto, sigilosamente, en 1982, nació la logia militar que diez años más tarde intentó los golpes de estado que antecedieron la llegada al poder del proyecto totalitario que después de veinte años se está aproximando a su finalización.

Esta etapa la cierra el gobierno presidido por el doctor Jaime Lusinchi (1984-1989). A pesar de sus antecedentes como dirigente estudiantil nacional destacado, de su formación profesional universitaria como médico y de su larga experiencia como parlamentario, Jaime Lusinchi fue el presidente de más bajo vuelo intelectual y político de esta etapa. Persona reconocida por su sentido pragmático de la política, hasta el momento de su candidatura Lusinchi no llegó a estar en el rango más elevado de los cuadros dirigentes de AD.

El gobierno de Lusinchi se desenvolvió con el telón de fondo de la mediocridad económica en que quedó sumergido el país después del descarrilamiento de los años 1977-78. El monótono acontecer cotidiano estaba regido por las noticias sobre la deuda pública, la fuga de capitales, el refinanciamiento de la deuda, el control de cambio, la inflación, las importaciones, el movimiento de los precios, etc. que comunicaban la imagen de que los males de Venezuela eran el resultado, casi en exclusividad, de una grave crisis económica. No obstante, bajo la superficie de lo económico se movía otra realidad que afectaba el funcionamiento del sistema democrático en su conjunto y socavaba su estabilidad.

Apoyado en el pragmatismo que se le atribuía, el presidente Lusinchi adoptó iniciativas políticas que revelaban incoherencias entre lo que efectivamente se pensaba y lo que las apariencias parecían mostrar. Señalemos dos casos reveladores de esta apreciación. Al terminar el primer año de su quinquenio Lusinchi decretó la creación e instalación de la “Comisión Presidencial para la Reforma del Estado” (COPRE) que fue presentada y en general se tomó por la opinión nacional como la respuesta a los reclamos de cambios dentro del sistema generados por el mundo académico, las universidades, los intelectuales, los periodistas e incluso militantes de partidos, aun cuando, como se verá después, adoptado sin la fuerza de convicción por parte de las verdaderas instancias de poder del país. Paralelamente, Lusinchi tomó la determinación de llevar a sus extremos la versión equivocada de la democracia representativa de partidos al decidir que los jefes nacionales, estadales y municipales del partido de gobierno debían ser los candidatos naturales y obligados para ocupar los puestos de mayor relevancia en esas esferas. Como comenta el padre Luis Ugalde (en “De la revolución restauradora a la revolución bolivariana”, Caracas, 2009), una cosa es la democracia representativa de partidos en la que los partidos se sienten como los propietarios de la democracia y otra es la democracia con los partidos en la que los partidos junto con la sociedad y los ciudadanos son los actores principales del sistema político. El presidente Lusinchi terminó su mandato con una sorprendente cota de aceptación general que a la postre resultó ser la tapa de una olla de presión en la que bullían los ingredientes representados por las contradicciones de todo tipo que caracterizaban la situación nacional.

La crisis a tambor batiente.

La tercera etapa comprende los períodos constitucionales correspondientes a las reelecciones presidenciales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, aunque resulta pertinente tener presente a la provisionalidad del doctor Ramón Velázquez en 1993 por ser una de las expresiones políticas álgidas de la crisis. Señalemos para cerrar la idea que en la elección de Jaime Lusinchi la abstención electoral se situó en el mismo nivel que en la elección de Luis Herrera Campins, pero ahora, en la segunda elección del presidente Pérez, la abstención llegó al 18,10% y en la reelección del doctor Caldera, la abstención se situó en el 40% de la población votante.

Desde la elección presidencial de 1973 se instaló en el país la polarización electoral entre AD y Copei, fenómeno que se mantuvo hasta 1988. La polarización electoral y su recurrencia fue tomada por muchos líderes políticos nacionales como la prueba concluyente de que el sistema democrático se había enraizado tan profunda y definitivamente en el país que convirtió la alternabilidad en el poder de los dos partidos más grandes de Venezuela en el mejor testimonio de la modernidad política de la República, a imagen y semejanza de las democracias más prestigiadas del planeta. En realidad, la polarización electoral no hizo más que enmascarar, en medio de la ingenuidad de muchos y la ignorancia de no pocos, la enfermedad del sistema. Además, la polarización electoral al establecer, por vía de los resultados comiciales, una sobreprotección organizativa para los partidos más grandes, desestimuló la formación política e intelectual, las discusiones programáticas así como la sana competencia de ideas y proyectos entre militantes que fue reemplazada por los agrupamientos clientelares fomentados por los directivos partidistas, excresencia burocrática en que se convirtió la cuasi desaparición del verdadero liderazgo político de las organizaciones políticas.

En las elecciones generales siguientes a aquellas en que se instaló la polarización, vale decir las de 1978, y un año después, en las primeras elecciones municipales separadas, las de 1979, la abstención electoral dio un brinco cuantitativo a pesar de que votar era obligatorio. Y esa abstención no hizo sino aumentar desde entonces. Las cosas andaban mal. En todo sistema democrático hay una abstención estructural pero cuando la gente deja de votar por encima de los niveles ordinarios es porque se está produciendo una reacción política del votante frente a lo que pasa en el país y en las instancias del poder. Esta pérdida del nivel de la lucha política unida a los problemas creados por el mal funcionamiento de la economía nacional y a la baja calidad en el desempeño de los gobiernos, fue creando entre la gente una actitud sorda de desdén, de sospecha y de rechazo frente a la política, los políticos y los partidos. Entonces, la antipolítica, abiertamente, ocupó los espacios de la opinión pública, se hizo fuerte en muchos medios de comunicación y comenzó a penetrar los dominios de las instituciones democráticas. Fuera de los partidos existieron personalidades democráticas que entendieron la necesidad de hacer algo a tiempo para evitar lo peor. Que se imponían reformas en el sistema democrático y en la vida interna de los partidos. El liderazgo político atendió a empujones esta preocupación y por ello nació, en tiempos del presidente Jaime Lusinchi, como hemos tenido ocasión de señalarlo más arriba, la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (la COPRE). Fueron numerosísimas las propuestas que formuló este organismo y algunas pudieron ser finalmente implementadas, pero como se arrastraba los pies en el pensar y en el actuar, el saldo de las reformas no fue el que las necesidades políticas requerían.

La crisis general del país entró en una suerte de tobogán y se aceleró. Los llamados “notables” (grupo opositor animado principalmente por el doctor Arturo Uslar Pietri) planteó la renuncia de la Corte Suprema de Justicia como el primer paso de una escalada que junto con el añadido de algunas viejas facturas históricas pendientes de cobro no ocultaba el interés por el cambio radical del sistema sin que se precisara bien en que dirección. Los ruidos de sables que comenzaron a oírse en el seno de las fuerzas armadas desde 1982 se activaron en medio de las nuevas circunstancias.

En 1989, en la olla de presión en que estaba convertida Venezuela, las reformas de la descentralización y la municipalización del país prometidas en su programa electoral por el presidente reelecto se llevaron adelante a pesar del “caracazo”, el estremecedor y espontáneo estallido de violencia social que tuvo por escenario a la capital de la República más como resultado de la acumulación inercial de necesidades insatisfechas, problemas sin resolver y resentimientos sociales que del anuncio del programa económico del nuevo gobierno y la aplicación de la primera medida, el modesto aumento del precio de la gasolina que derivaba en un aumento del precio del transporte público.

Dos días después del lunes 27 de febrero de 1989, día principal del “caracazo”, se escenificó en el Senado de la República una sesión especial pedida por el doctor Rafael Caldera en su condición de Senador Vitalicio para evaluar políticamente en el Senado de la República lo que había ocurrido. En las dos intervenciones centrales, la del propio doctor Caldera que, valga la pena recordar, desde las elecciones presidenciales había pasado a la reserva de Copei, y la del doctor Gonzalo Barrios en representación de AD, quedaba claro, más allá de los cruces de espada argumentales y de las expresiones cargadas de doble sentido, lo que de verdad estaba en juego. El doctor Caldera llegó a decir en el debate: “Venezuela ha sido una especie de país piloto. En este momento es lo que los norteamericanos llaman “show window”, el escaparate de la democracia en América Latina. Ese escaparate lo rompieron a puñetazos, a pedradas y a palos, los hambrientos de los barrios de Caracas a quienes se quiere someter a los moldes férreos que impone el Fondo Monetario Internacional, directa o indirectamente”, y más adelante añadió: “…Me parece que sería un error patriótico de la Oposición poner contra la pared a Acción Democrática”. Y el doctor Barrios, al referirse a lo expresado por Caldera dijo: “…se refirió a la pérdida de prestigio de nuestra democracia y en este sentido estoy de acuerdo plenamente” y ya para concluir expresó: “…y le repito al doctor Caldera, que no es Acción Democrática la que está contra la pared, el que está contra la pared es el régimen democrático que a todos nos interesa. Vamos a tratar de salvarlo por encima de nuestras diferencias”.

Las repercusiones de este sacudimiento político-social le restó fuerzas y entereza al liderazgo político que no fue capaz de aprobar la reforma de la Constitución Nacional que él mismo había aprobado, semanas después de aquel debate, en reunión de Congreso luego del “caracazo”, vale decir en reunión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados. Con el vergonzante silencio de que la iniciativa política que se adoptaba no tenía nada que ver con lo que acababa de pasar en las calles de Caracas, sino con la mentira disfrazada de verdad de que la Carta Magna de la democracia se acercaba a los treinta años de vigencia, tiempo suficiente estimado por los oradores de la reunión bicameral para proceder a una revisión de su performance, se nombró una comisión bicameral presidida por el doctor Rafael Caldera y a la cual tuvimos el honor de ser incorporados que trabajó al calor de la parsimonia con que veían la situación los partidos. El Congreso Nacional no tuvo ni la voluntad ni la fuerza para aprobar la reforma de la Constitución y naufragó ante la feroz campaña en su contra adelantada por importantes intereses sociales y por medios de comunicación social rodeado por el desdén con que la colectividad miraba el asunto.

Por supuesto, la guardia baja que mostraron las fuerzas democráticas en esta ocasión le dio impulso a los dos intentos de golpes de estado de 1992 y al enjuiciamiento del presidente Pérez en 1993. Desde la perspectiva que marca el sesgo de estos acontecimientos puede decirse que las reelecciones a la presidencia de la República de Carlos Andrés Pérez en 1988 y de Rafael Caldera en 1993 no pueden ser consideradas como las respuestas a una supuesta apelación de la sociedad venezolana en crisis al reconocido y probado liderazgo de estos dos políticos para salir del hoyo. En verdad, las segundas candidaturas de Pérez y de Caldera y sus reelecciones fueron más bien el testimonio mayor de la pendiente por la que había comenzado a rodar el sistema democrático. Y deseamos aclarar que no estamos haciendo un juicio sobre los segundos gobiernos de Pérez y de Caldera sino sobre el hecho de las reelecciones de dos personalidades que a la edad que tenían para el momento simplemente revelaban la incapacidad del sistema para renovarse con sangre e ideas nuevas en las condiciones de crisis bajo las que vivía. Lo cierto es que el Presidente Pérez no pudo concluir su mandato que terminó en la cárcel y el Presidente Caldera, tal vez con un dejo de arrepentimiento, debió resignarse a entregar el poder a quien se encargó, elecciones mediante, de acabar con el sistema democrático.

Pues bien, miremos las cosas desde un ángulo pragmático para los partidos ejes del sistema democrático. Copei desde 1984, hace treinta y cinco años, y AD desde 1994, hace veinticinco años, dejaron de ser opciones electorales nacionales. En los comicios de 1993, por primera vez, los dos partidos ejes del sistema fueron derrotados electoralmente en la misma elección, y en los comicios presidenciales de 1998, también por primera vez, AD y Copei se presentaron sin candidatos propios después de pasearse, durante varios meses, por las increíbles opciones de un gris gamonal provinciano que se había hecho dueño de AD y de una reina de belleza que ilusionó incomprensiblemente con su popularidad a un culto y experimentado expresidente de la República y más comprensiblemente a la mediocre dirección de Copei. Creyendo prestarle un servicio postrero a la democracia, AD y Copei incurrieron en la chapucería política de adelantar unas semanas, en 1998, las elecciones del Poder Legislativo y de los Gobernadores como si se tratara de una hábil maniobra, para disimular todo menos el espíritu de mal perdedor, del inminente y sospechado resultado de la presidenciales que le daría el triunfo al teniente coronel Chávez.

Remontar la cuesta.

Remontar esta cuesta política va a ser un trabajo arduo para el liderazgo nacional, el de los partidos y el del país y no va a ser un trabajo de semanas o de meses. Será necesario volver a la democracia que se estableció en el siglo XX para analizar críticamente su contenido, revisar sus prácticas, corregir sus deficiencias y completar lo que hizo falta para llegar a ser una democracia a la altura de los sistemas políticos más desarrollados. Subsanar los entuertos en que se incurrió y establecer instituciones a la altura de las exigencias de estos tiempos y de las democracias modernas. Nos parece sin embargo obligante no perder de vista que la democracia como sistema de vida civilizado y civilizador concierne antes que nada a la nación, vale decir a la sociedad como un todo; tiene como primera obligación articular las partes componentes del Estado en las instituciones a través de las cuales se expresa su organización; define conforma a los más elevados principios la forma de gobierno que adopta, y debe establecer sin trabas los canales por conducto de los cuales los individuos y los grupos humanos desarrollan su relación con los componentes del conjunto. Respetando las prioridades, los dominios y los lapsos necesarios que seguramente propondrán los especialistas en el marco de las expresiones político-institucionales de la democracia, nos atrevemos a llamar la atención sobre los siguientes dominios:

1.- Lo social en la democracia.

En el informe PRODDAL del PNUD que mencionamos al comienzo de estas reflexiones, se dice que para reducir o eliminar los riesgos que pueden amenazar la sobrevivencia de la democracia es recomendable proceder a la substitución, tal vez sería mejor decir a la complementación, de la “democracia electoral” por la “democracia de ciudadanía”, desdoblada ésta e integrada en y por la “ciudadanía política”, la “ciudadanía civil” y la “ciudadanía social”. Esto lo que quiere decir es que la solidez y consistencia de la democracia no puede y no debe ser limitada ni confundida con sus solas expresiones políticas, y dentro de éstas con las solas expresiones electorales. El acto de votar periódicamente para escoger a los representantes de la ciudadanía encargados del ejercicio de las funciones públicas, así como el reconocimiento formal de los principios que configuran a la democracia, con toda la importancia y significación que estos hechos tienen, no le otorga a la democracia un seguro de vida a prueba de todos los riesgos cuando entra en zonas de peligro por las crisis que afectan su funcionamiento o por las acciones de los malos gobiernos, a menos que la sociedad y cada uno de los que la integramos hayamos convertido esos principios en parte integrante de nuestra ciudadanía en la cotidianidad

Si la democracia no es capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todos los integrantes de la sociedad o si las personas que dicen vivir en democracia, para acercarse a la posibilidad de ver satisfechas esas necesidades, acuden siempre o con frecuencia a los caminos verdes de la viveza, a desconocer simplemente las normas, a buscar al amigo en el gobierno para que le ayude a resolver su problema o a pagar al funcionario, como un favor, la atención que se merece, la gente puede llegar a estar dispuesta a cambiar las definiciones teóricas del sistema de libertades en el que vive por las promesas de cualquier prestidigitador de plaza pública o de cualquier demagogo aun cuando esos ofrecimientos puedan comportar la perdida de la libertad, de la propiedad y de la seguridad.

Para edificar una democracia superior no hay caminos cortos. En nuestro caso concreto, no basta con eliminar a un gobierno despótico, es preciso acometer tan pronto como se pueda el largo trayecto de reeducar a los habitantes del país para que lleguen a ser, con el tiempo, ciudadanos. Por cierto la euforia que estamos viviendo los venezolanos al comenzar este año 2019 ante la posibilidad de que se logre, como todo parece indicar, el restablecimiento de la democracia, pudiera ser un punto de arranque para hacer bien las cosas pequeñas y empezar de una vez con las más grandes, dentro de un proceso de redisciplinamiento social que permita detener y enderezarla la anarquía en medio de la cual el autoritarismo se ha empeñado en hacernos vivir. En esta tarea, los gobiernos, el sistema educativo, los partidos políticos, las organizaciones de la economía, las iglesias, los medios de comunicación y cada persona consciente tenemos un papel que cumplir. A lo mejor, en menos tiempo del que se supone es posible, por ejemplo, no tener necesidad de una institución como la Defensoría del Pueblo porque todos nos sentimos igualados y protegidos por la ley y por las instituciones de la democracia, o participar en unas elecciones en las que los venezolanos no tengamos que ser encuadrados, ni vigilados, ni cuidados por la Fuerza Armada del país. Reunir los millones de personas que se han congregado en toda Venezuela convocados por la única institución legitima que hay en a República para demandar el cambio político y hacerlo en paz, ejemplarmente, cívicamente, alienta las mejores ilusiones acerca de lo que es posible y necesario hacer para mejorar la democracia. Digámoslo de una vez sin subterfugios, en Venezuela está teniendo lugar lo que, con permiso de los politólogos, perfectamente se puede llamar una insurrección civil y cívica, democrática y pacífica de la nación venezolana, por el profundo contenido político que la moviliza y por las formas creativas que ha adoptado. Y esta identificación del proceso que tiene lugar actualmente en Venezuela puede convertirse en el mejor caldo de cultivo para que, en las expresiones de Carrera Damas, la sociedad venezolana funcione socialmente y no solo políticamente de manera democrática.

Un verdadero sistema de administración de justicia.

Es nuestra convicción que una democracia no puede efectivamente existir ni, por supuesto, sobrevivir una experiencia prolongada si no tiene la capacidad de hacer de la ley el árbitro de los conflictos de derechos e intereses entre los ciudadanos y de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Y no es posible que la ley cumpla ese papel de arbitraje si no existe en la sociedad un verdadero sistema de administración de justicia.

Como en otros dominios, también en éste los especialistas vienen pensando y proponiendo soluciones a los puntos de estrangulamiento de la democracia. Hemos tenido a la vista el “Proyecto de reinstitucionalización del Sistema de Justicia de Venezuela. Justicia para el ciudadano”, bajo la coordinación académica de los doctores Román José Duque Corredor y Cecilia Sosa con ideas y propuestas dignas de ser tomadas en consideración. No obstante, nos atrevemos a afirmar que un verdadero sistema de administración de justicia solo es concebible: a) Si en el país existe una efectiva división en el ejercicio de los poderes públicos y el Poder Judicial en su funcionamiento logra las garantías de no ser interferido por el gobierno, por los intereses partidistas y por los intereses económicos. Sin división efectiva de poderes una democracia no es plena; b) Si el acceso a la justicia deja de ser el privilegio de una pequeña porción de los habitantes del país y se convierte, en base a mejores condiciones económicas e institucionales, en un derecho universal de los ciudadanos; c) Si el más alto tribunal de la República está integrado por hombres y mujeres de la más elevada competencia profesional, de una irrecusable honestidad personal, sin vinculaciones con intereses económicos o partidistas y si la provisión del ejercicio de los tribunales del país se rigen por los mismos principios; d) Si los jueces de Venezuela han aprobado la formación profesional de excelencia en las escuelas de derecho de las Universidades nacionales y han aprendido a ser jueces como especialización en una escuela de la judicatura o en una Universidad especialmente creada al efecto adscrita al sistema nacional de educación superior en concordancia con el más alto Tribunal de la República; e) Si los recursos financieros destinados al funcionamiento eficiente de la administración de justicia deja de ser la porción marginal del presupuesto de ingresos y gastos públicos que recibe en la actualidad y que recibió también en el pasado. El financiamiento del sector debe ser un porcentaje del PIB anual de Venezuela estimado con razonable suficiencia.

Como un complemento de lo que antecede debemos señalar que nos parece acertada la previsión contenida en el Plan País presentado recientemente por el Presidente de la Asamblea Nacional y encargado del Poder Ejecutivo de la República de duplicar el actual número de jueces en el país. No obstante, pensando en el reforzamiento de la nueva estructura político territorial e institucional que deberá tener Venezuela, estimamos que debe considerarse de la mejor conveniencia que en cada estado de la Federación exista una Corte Superior que le dé celeridad a los juicios que deban ir a instancias superiores de los tribunales ordinarios y alivie las cargas del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en cada municipio del país, en los miles que seguramente existirán cuando se complete la municipalización de Venezuela, deberá estar presente el sistema de administración de justicia representado por los jueces ordinarios y complementado, para las pequeñas causas, por los representantes de la Justicia de Paz que deberá dejar de ser el saludo a la bandera de la actualidad.

3.- La regeneración ética de la función pública (En este punto y en el siguiente se recoge una apretada síntesis de trabajo del autor publicado en El Nacional (Caracas), Papel Literario, el 08/12/2018).

Tenemos la convicción de que luchar por la edificación de una nueva democracia en el país supone plantearse su regeneración ética. Estamos persuadidos de que ese propósito se alcanzará en plazos diferentes cuando se definan bien los objetivos políticos de corto, mediano y largo plazo para el país y cuando los mismos sean asumidos como propios por la mayoría de la sociedad. No se trata de resolver un problema filosófico o religioso y tampoco de leyes aun cuando haya expresiones jurídicas que deban ser aplicadas en el proceso. Crear el sustrato ético de una democracia ejemplar es, en el fondo, un problema político que debe ser atacado frontalmente porque como dicen los expertos, la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, y regenerar, según lo pauta el diccionario de la lengua es dar nuevo ser a una cosa que degeneró, restableciéndola o mejorándola.

La nueva ética es, en verdad, una nueva cultura en el ejercicio de la función pública. Esto quiere decir que entre la cultura y la política existen relaciones estrechas y directas. Ahora bien, en las bases sociales de las prácticas políticas de los venezolanos subyacen raíces culturales muy profundas sobre las que no se ha puesto el empeño debido para su comprensión y transformación. Entre esas raíces está el rentismo y la conducta rentista, que en palabras del economista Orlando Ochoa, “es la orientación de agentes privados centrada en la búsqueda de privilegios y beneficios económicos, sin crear nuevo valor para la sociedad, a través de una relación directa y no transparente con los funcionarios encargados de las políticas gubernamentales”. La cultura rentista se convirtió en la hermana siamesa de la cultura estatista que es la creencia generalizada entre los habitantes del país de que el Estado lo puede todo y del que es posible esperarlo todo, junto con la creencia de quienes dirigen al Estado de que este es un ente superior que está por encima de todo y de todos. Y como en el caso de Venezuela, en donde el rentismo petrolero hizo al Estado venezolano rico, la cultura rentista y la cultura estatista representaron el apoyo material para que se formara una trinidad con la cultura centralista que había nacido con el absolutismo colonial, que se mantuvo a la sombra del caudillismo del siglo XIX y de las dictaduras del siglo XX, pero que necesitaba una base material para reproducir, en otras condiciones. el esquema hegemónico del poder central sobre el resto de Venezuela.

Ahora bien, como el estatismo y el centralismo son, en definitiva, regulación extrema de la vida social, saturación burocrática de la organización de los poderes públicos y alcabalas atendidas por funcionarios mayores y menores, terminan convertidos en una tupida red de normas y directrices que se estorban, competencias que tropiezan entre si y que dificultan el desenvolvimiento eficiente de los aparatos de estado y de las instancias administrativas. El Estado pasa a ser terreno abonado para la adulancia, el clientelismo y los favores, vale decir para la corrupción mayor y menor de los funcionarios que se alimentan con las excrecencias del rentismo.

Bajo estas condiciones, la nuez de la solución del problema está en redefinir las bases sobre las que debe levantarse la nueva ética de la función pública en Venezuela. Esto quiere decir, la concepción de una sociedad en la cual su organización institucional y su funcionamiento no sean el producto de la cultura centralista, estatista y rentista fluyendo espontáneamente y sin que nadie la controle. Trazarle un rumbo distinto s estas tendencias no es cosa sencilla y no se podrá lograr con solo enunciarlo y desearlo o creer que se puede conquistar en un abrir y cerrar de ojos. Se trata de un cambio cultural para el que nuestra sociedad ya está ofreciendo posibilidades, pero la suerte final dependerá de que exista la capacidad para definir objetivos compartidos por lo menos en los niveles de dirección de la colectividad.

Ante los que se rinden extasiados cuando se pronuncia la palabra revolución conviene decir que estamos pensando y hablando de algo parecido. Se requerirá, por tanto, no solo de una gran lucidez intelectual sino de un sabio manejo de las variables que integrarán el proyecto. Y no estamos soñando con una sociedad de santos en donde el pecado no sea posible. Nos estamos colocando bajo la perspectiva práctica de modelar una realidad que sea atractiva y respetable para los componentes humanos diferentes y desiguales de la sociedad. Para decirlo más directamente y sin darle más vueltas al asunto, una nueva y sólida ética en el ejercicio de la función pública tendrá que estar ligada, al final, con la capacidad de remplazar la cultura rentista por una cultura productiva y que la sociedad sea la tributaria del Estado en lugar de ser éste el patrón modelador de la sociedad. Estamos soñando con la posibilidad de que Venezuela sea el escenario de una democracia ejemplar en América Latina, entre otras razones porque el esfuerzo que el pueblo venezolano está haciendo para reencontrarse con la democracia tiene las características inéditas de un proceso social en el que la razón, el sentido común y la civilidad han demostrado ser superiores a la fuerza y a las armas.

4.- Otros arreglos de la casa.

La regeneración ética de la función pública supone, como hay que imaginar, una lucha exitosa contra el rentismo, el estatismo y el centralismo. Veamos, entonces, algunas de las implicaciones de estos propósitos de cara a la finalidad de promover un cambio cualitativo en el funcionamiento de nuestra democracia.

El tamaño del Estado hay que reducirlo no para que se debilite sino para que sea más fuerte a la hora de ocuparse de las tareas que, de verdad, le son propias. La salud, la educación, la soberanía nacional y la seguridad de los ciudadanos, los servicios públicos, la infraestructura del país, las bases científicas y tecnológicas del desarrollo nacional y la eficiencia de la administración pública se resienten cuando el Estado tiene que encargarse de asuntos que pueden ser atendidos por la propia sociedad si se establecen los estímulos y se crean las condiciones para que lo haga.

La organización político-territorial de la República tendrá que ser revisada en algún momento tanto en su concepción general como en los fundamentos de las partes que la integran. Hay personas y grupos en el país que han venido trabajando el tema como el Movimiento Independiente Democrático del Táchira liderado por el ingeniero Enrique Colmenares Finol, que ha dado a publicidad su proyecto. En todo caso la etapa que habrá de venir para impulsar la descentralización deberá ocuparse de convertir a Venezuela en un verdadero estado federal descentralizado. Cada estado de la República deberá convertirse un proyecto económico-social-cultural definido y aprobado en un congreso democrático de sus habitantes convocado por el cuerpo legislativo de la región y revisado cada diez años. Este proyecto deberá contar con el apoyo económico definido en la Constitución que mejore el situado constitucional sin interferencias del poder nacional y que permita a la entidad federal disponer de una porción significativa del monto de los impuestos que se recogen en su territorio con destino al Tesoro Nacional. Paralelamente el proceso de municipalización debe ser profundizado de manera que con el doble, el triple o más de los municipios que existen actualmente en Venezuela se amplíen y robustezcan las bases organizativas de la democracia en el nivel primario de nuestra sociedad.

Simultáneamente a los propósitos que anteceden es necesario trabajar por el desarrollo de una nueva cultura política. Entendemos por cultura política una noción compleja que encierra definiciones teóricas y resultados de realidades empíricas, que abarca la práctica de los asuntos políticos tanto como la información y dominio de los negocios públicos y que, en conjunto, debe permitir al ciudadano y a la colectividad formarse un criterio propio y autónomo sobre los asuntos políticos tanto como la convicción de participar en ellos. Y desde esta perspectiva, estamos obligados a preguntarnos si es posible la regeneración ética del ejercicio de la función pública en Venezuela a partir de los conceptos y prácticas políticas que, en conjunto, formaron la cultura política tradicional en el país, por lo menos desde el momento en que la democracia liberal se convirtió en la forma de vida pública dominante de los venezolanos. Nos sentimos obligados a decir que no, categóricamente.

La formación de los partidos políticos modernos en Venezuela, el nacimiento de las organizaciones sindicales y gremiales, los progresos de la educación y la reducción del analfabetismo a pequeñas proporciones de la población junto con la activa participación de los intelectuales en la política, conjunto de hechos ocurridos sobre todo al madurar las condiciones que pusieron término a la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, revelaron un cambio de la cultura política decimonónica favorable al establecimiento y consolidación de la democracia en el país. La cultura política democrática se articuló en el seno de partidos concebidos alrededor de precisas definiciones ideológicas, programáticas y organizativas. Por causa del reblandecimiento de las buenas prácticas partidistas internas, del desgaste administrativo derivado del ejercicio del poder y por los efectos de las contradicciones que fueron apareciendo frente a las nuevas exigencias de la realidad que la propia democracia promovió, esas bases se fueron relajando hasta perder la tonicidad moral de sus comienzos. A falta del anclaje ideológico y programático que en sus principios fue el punto de atracción de los partidos modernos, estos no encontraron otra forma de mantener e incrementar sus adherentes que apoyarse en el rentismo y el estatismo para promover y crear una frondosa clientela burocrática que, por cierto, igual sirvió para los grandes logros electorales de los partidos en la democracia como en los tiempos del chavismo inicial para mantener la base de apoyo popular del autoritarismo.

Los partidos políticos que constituyen el canal más apropiado de intermediación para que la sociedad participe en la vida política tienen que reinventarse. Las ideas y las ideologías políticas no han desaparecido. Simplemente tienen que acoplarse al tiempo de los ciudadanos, a la época de hombres y mujeres mejor informados, más dueños de su propio criterio, más cultos políticamente y más celosos de su autonomía. Los partidos tendrán que convertir los viejos y gigantescos aparatos organizativos que estorbaban y desconocían la soberanía de la sociedad civil en instancias organizativas más ágiles pero cualitativamente superiores, más creativos y que reconozcan a la ciudadanía el derecho de mirar adentro de ellos y opinar sobre sus determinaciones. Y, además, educarse y formarse frente al populismo, esa perversa manera de estafar la credibilidad pública y de traficar con las necesidades de los menos favorecidos socialmente. Devolverle la respetabilidad a la política y a los políticos es una condición de obligatorio cumplimiento en la edificación de una nueva democracia. Sería un grave error, casi podríamos decir una trágica equivocación, que el liderazgo político nacional creyera que el restablecimiento de la democracia en Venezuela es simplemente volver al punto en que quedó la democracia en 1998.

Mérida, abril de 2019


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