LA CRISIS DEL PAÍS Y LA UNIVERSIDAD VENEZOLANA

PALABRAS DEL PROFESOR GENRY VARGAS CONTRERAS, EX RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, EN LA SESIÓN DE LA ACADEMIA DE MÉRIDA DEL 14 DE MARZO DE 2018

Hoy acudo ante ustedes por invitación de esta noble institución para compartir nuestra visión en relación con la calamitosa situación del país y la tarea que debemos acometer individualmente como ciudadanos e institucionalmente en nuestro ámbito de desempeño, y llevar a la práctica lo que he venido predicando como universitario y como uno de los promotores de la Tertulia de los Martes, espacio de discusión que existe en Mérida desde hace 13 años, que se cumplen mañana y que ha significado para mí una experiencia muy enriquecedora.

No podemos hablar de la crisis de nuestro sistema educativo en general ni de la universitaria en particular, sin enmarcarla en el cuadro de la crisis general del país y por ello, corriendo el riesgo que conlleva toda simplificación y con el sesgo de mi formación profesional, quiero expresarles  mi convencimiento que una de las causas principales del proceso de deterioro que hoy tristemente presenciamos en nuestro país, tiene sus orígenes en los inicios del siglo pasado con la aparición del petróleo y la forma de administrarlo, que produce una transformación en la dinámica de nuestra sociedad, dinámica de creciente dependencia de la denominada RENTA PETROLERA INTERNACIONAL, que producto de lo establecido en nuestro marco legal, reserva al Estado la propiedad exclusiva de los recursos naturales que se encuentra en el subsuelo y por ende propietario exclusivo de la renta que de ellos proviene.

Esta exclusividad y la forma en que se ha venido administrando se convirtió en elemento determinante de la dinámica  de funcionamiento de nuestra sociedad  en la que el poder político se convierte en poder económico, definido este poder económico como la capacidad de direccionar los cuantiosos recursos de esa RENTA PETROLERA INTERNACIONAL según el criterio personal de quienes ejercen las funciones de gobierno como representantes del  Estado, generando desviaciones, abusos y corrupción, característica generalizada en los países rentistas, en los que el financiamiento de las funciones gubernamentales no provienen del esfuerzo y aporte de los ciudadanos, razón por la cual no asumen una actitud vigilante del uso de esos recursos y se convierten en simples beneficiarios de los programas gubernamentales, que gracias a la abundancia de esa renta terminó construyendo unas condiciones de vida artificialmente elevadas dependientes exclusivamente de la renta y por ende no sustentable, pues depende de factores externos que no podemos controlar.

Esta premisa se ha mantenido inalterada con pequeñas variantes marcadas por hitos producidos por la forma en que se accede y se ejerce el gobierno para manejar esos cuantiosos recursos y direccionar la voluntad del colectivo.

Esta realidad se evidenció en el último hito en el que el modelo denominado socialismo del siglo XXI, modelo social, económico y político cuyos resultados son evidentes, sustituyera a partir de diciembre de 1998 el sistema de democracia representativa que estuvo vigente por 40 años y que con sus acierto y defectos permitió la consolidación de una infraestructura ya existente y la  creación de una nueva, hoy en ruinas.

Esta sustitución se inicia, primero en forma imperceptible, basada entre otros mecanismos en la distribución en mayores proporciones de  los recursos del Estado en forma de subsidios directos, lo que los economistas denominamos gasto corriente, sin marco normativo alguno y por el contrario violando frecuentemente disposiciones Constitucionales y legales, como la exclusión de importantes sectores de la ciudadanía, verbi gracia, la imposición del carnet de la patria para acceder a los programas y beneficios, todo ello en detrimento de la promoción de inversiones y el mantenimiento de la infraestructura existente, criminalizando la actividad productiva privada calificándola de mecanismo de expoliación de la mayoría de la población, profundizando la tendencia de abandonar el papel regulador del Estado para asumir el papel de ejecutor directo de programas de producción de bienes y servicios, utilizando militantes partidistas y el estamento militar para dirigir estas tareas.

El resultado es obvio, la destrucción de nuestro sistema productivo y la evidente dependencia exclusiva de las importaciones, lo que refuerza el poder de control total por parte del gobierno, que en estos 4 lustros elevó la participación de las exportaciones petrolera del 66% al  96% del total de las exportaciones del país y las divisas provenientes de ellas las distribuyó en aras de lograr un mayor control político y económico, generando adicionalmente un incremento de la corrupción que se ha visto reforzada por la impunidad.

La crisis general que indiscutiblemente se ha convertido en una crisis humanitaria al imposibilitar a la mayoría de la población venezolana logre satisfacer las condiciones mínimas que garanticen su sobrevivencia biológica, lo que produjo el inédito fenómeno de una emigración masiva (mas del 10% de la población), fenómeno desconocido hasta ahora en nuestro país, que siempre se caracterizó por ser un polo de atracción para inmigrantes en busca de libertad y mejores condiciones de vida.

Es así como vemos la pérdida de nuestro principal activo para lograr el desarrollo sustentable como sociedad y para superar esta crisis, el recurso humano, en un alto porcentaje de esa emigración esta  representado por jóvenes  y recurso humano de alta calificación, recursos insustituibles para revertir el proceso de deterioro, que insisto es evidente.

La Universidad venezolana se ve afectada en gran medida por este fenómeno de emigración, pues la deserción en los sectores estudiantil, de personal docente, administrativo y obrero aceleran el proceso de deterioro que se viene observando en todo el sistema educativo, producto de la poca valoración sobre la importancia de la inversión en educación de calidad y en particular de la misión de la Universidad por parte del gobierno, que se evidencia en hechos como el cerco económico, el desconocimiento de la autonomía universitaria, que fue primero un precepto legal y ahora constitucional, dejando en manos de  funcionarios desconocedores de la actividad académica las decisiones  sobre el desarrollo del sector. Por estas razones, en respuesta a esa realidad y en cumplimiento de nuestro deber como ciudadanos y como universitarios, en el año 2016, la Tertulia de los Martes presentó a consideración del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, la Asamblea Nacional, esta Academia  y otras instituciones y personalidades del país el Anteproyecto de Ley de Educación Superior.

Ante esta triste realidad, considero innecesario seguir insistiendo en enumerar los origenes y consecuencias de las condiciones adversas presentes en toda nuestra sociedad o en particular de la universidad venezolana como institución fundamental de la sociedad. Lo importante hoy es discutir sobre que hacer para superar esta caótica realidad.

Con convicción afirmo que la Institución Universitaria tiene la indeclinable responsabilidad de promover conjuntamente con las demás instituciones académicas, religiosas, empresariales, gremiales, sindicales, políticas y en general todas las instituciones de la sociedad civil, la organización de una UNIDAD NACIONAL que permita elaborar el plan de reconstrucción del país en beneficio de toda la ciudadanía, actividad que se ha iniciado con planteamientos como los realizados conjuntamente con la Conferencia Episcopal Venezolana, con Fedecámaras y un conjunto de organizaciones civiles, en Mérida, en Caracas y otras localidades del país, las cuales deben concretarse organizativamente en las próximas semanas. Estas iniciativas y los diversos pronunciamientos publicos de instituciones académicas, políticas, sociales y religiosas a mi juicio evidencian que existe el consenso que el modelo actual ha fracasado y es necesario sustituirlo.

Por todo ello insisto que el primer paso para lograr la resolución de esta crisis es lograr LA UNIDAD NACIONAL para definir en el plano conceptual cual es la sociedad que queremos y en lo táctico y estratégico cual es el camino para avanzar en la dirección correcta, ya que hasta ahora ha habido acuerdos para lograr una unidad electoral y la unidad, a la que nos estamos refiriendo va más allá, estamos refiriéndonos a una UNIDAD NACIONAL para definir la estrategia del corto, mediano y largo plazo, por favor no más cheques en blanco sobre la base de enunciados generales.

Lamentablemente en nuestro país prevaleció el criterio que la actividad política está reservada para la militancia partidista y al estamento gubernamental y no para toda la ciudadanía, por lo que la exaltación de los fracasos y los errores cometidos se han traducido en desesperanza, escepticismo y desorganización de los sectores de la sociedad que compartimos la necesidad de cambiar el modelo social, político y económico vigente.

En estricto sentido conceptual, la política se define como “LA CIENCIA QUE TRATA DEL GOBIERNO Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES HUMANAS, ESPECIALMENTE DE LOS ESTADOS” por lo que no dudo en afirmar que la situación actual reclama que todos participemos activamente en la definición de esa nueva sociedad para lograr en forma irreversible un proceso cuyo objetivo sea el logro del máximo bienestar individual y colectivo para nuestra sociedad.

Por lo antes expuesto, mi planteamiento es un llamado a que individual e institucionalmente cumplamos con el deber de participar desde nuestro ámbito de acción a unificar criterios y no a a voluntarismo, e impulsos emocionales momentáneos. Aquí acudo a las palabras de nuestro querido Cardenal quien en la oportunidad de la reunión entre la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios y la Conferencia Episcopal Venezolana puntualizó que estamos obligados a actuar unidos, con serenidad y coherencia para poder restituir la honorabilidad e importancia de la acción política, en especial las instituciones como las Universidades, las Academias Nacionales o regionales como ésta  que hoy me honran  con esta invitación, pues  gozan de la credibilidad y el respeto de la comunidad y agrupan el recurso humano capacitado para dar una base sólida a los planes y programas por definir y acometer, garantizando la transparencia, solidez y viabilidad necesaria para el éxito  de esos planteamientos.

Podríamos utilizar un generoso espacio de tiempo haciendo referencia a la abundante cantidad de diagnósticos existentes, sin embargo siempre he planteado que en nuestro país somos prolijos en planificar y desarrollar  diagnósticos para simplemente demostrar nuestra capacidad técnica o para descalificar y atacar a quienes piensan diferente, pero es poco frecuente encontrar propuestas para resolver los problemas detectados. Por ello me limitaré a esbozar nuestro planteamiento, como estrategia de acción ante la problemática descrita y así poder utilizar un mayor espacio de tiempo en intercambiar opiniones con tan selecto auditorio y así poder iniciar la discusión de lo que para mí es una necesidad que reclama una respuesta urgente e impostergable por su trascendencia: QUÉ HACER, CÓMO HACERLO, CON QUIÉN HACERLO Y CUÁLES SON LAS PRIORIDADES.

Para iniciar la definición de esa hoja de ruta en la búsqueda de respuestas a esas interrogantes, promovimos la realización de una Asamblea de Ciudadanos que se realizó el 22 de febrero en la sede del Colegio de Médicos de esta ciudad, en la que se aprobó y suscribió la declaración de principios que inicia la organización de puntos de encuentro entre los diversos sectores de la sociedad que denominamos DESDE MÉRIDA: UN EXHORTO A LOS VENEZOLANOS, en los siguientes términos:

  “La sociedad venezolana vive, hoy, un estado de desastre próximo al colapso. Todas las dimensiones que constituyen su estructura global, experimentan profundos procesos sistémicos de desintegración.

   Este desastre es el efecto inevitable del proyecto deliberado de implantación de un modelo totalitario, dictatorial, donde se violan los derechos humanos y el estado de derecho, todo lo cual deriva en la  destrucción nacional, alcanzada por Nicolás Maduro y sus círculos de poder. Este proyecto y este modelo, como ha sido señalado por la Iglesia Católica, las academias, la universidades nacionales, instituciones de la sociedad civil y esclarecidas individualidades, ha causado (causa y causará si no se detiene) profundos daños antropológicos, en muchos casos irreversibles, que afectan la esencia de la parte del género humano que habita, desde hace siglos, el territorio venezolano y amenaza con la disolución de nuestra colectividad.

   Existe solo una posibilidad pacífica para detener este proyecto inhumano: la reunificación nacional con el propósito de detener y desplazar del poder a la cúpula que lo impulsa y dirige. La actividad de reunificación de la nación debería comenzar por el ejercicio de una voluntad política que se plantee, de inmediato, un diálogo interno entre los factores políticos que adversan el proceso de destrucción y que debe permitir  la formulación de una estrategia de acción conjunta de los factores democráticos. Este diálogo debe abarcar a todos los ámbitos sociales y no debe ser postergado. Debe comenzar ya.

   La coyuntura política actual, agravada por la maniobra gubernamental para boicotear cualquier acuerdo destinado a buscar una salida a la crisis y que se ha expresado en el adelanto inconstitucional de la elección presidencial, decidido por la ilegal e ilegítima asamblea nacional constituyente, es propicia para iniciar un amplísimo movimiento unitario de salvación nacional. Este movimiento debe incluir a todos los venezolanos, sin excepción, independientemente de su sexo, edad, condición social, política, ideológica, económica, racial, religiosa, profesional.

Por estar firmemente persuadidos de la pertinencia de este planteamiento, nosotros, ciudadanos venezolanos, reunidos en la ciudad de Mérida, acordamos constituir un punto de encuentro permanente en favor de la unidad nacional y exhortar a los diputados representantes políticos de la nación en la soberana Asamblea Nacional de Venezuela, a los partidos y grupos políticos democráticos, a las instituciones que conforman la sociedad civil, a nuestros conciudadanos, a que depongan, en este momento crucial los intereses egoístas, parciales, partidistas, personales, que obstruyen la posibilidad y necesidad del diálogo nacional que hoy reclama nuestra enlutada nación.

   Los invitamos a suscribir unos acuerdos básicos de gobernabilidad y un programa mínimo que sirva de guía al nuevo gobierno democrático de la República, para enfrentar la grave crisis que asfixia y paraliza a la nación. En un año, como este de 2018, pautado por la constitución de la República para renovar el Poder Ejecutivo Nacional, estos acuerdos y este programa deben ser seguidos por la escogencia del encargado de coordinar las iniciativas y movilizaciones de la unidad nacional, acompañado de un equipo de alta competencia y reconocida honorabilidad, a los que encargaríamos  el trabajo de abrir la ruta hacia la plena recuperación democrática, económica y moral de nuestra sociedad.

   La unidad nacional es la clave del momento. Si queremos conquistar un espacio para ser distintos sin ser enemigos, y vivir  en un ambiente social plural, en donde podamos desarrollar tácticas y estrategias diferenciadas, tenemos que lograr ahora la unidad nacional.

 El punto de vista es el punto de vista de la unidad nacional. Por ello acordamos constituir en el estado Mérida la Plataforma Unitaria para el Cambio Democrático, a la cabeza de la cual se integre un centro de enlace permanente de las organizaciones políticas con las organizaciones de la sociedad civil, encargado de promover, por consenso, las iniciativas sociales e institucionales que se desprendan de esta declaración.

En Mérida, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dieciocho, en la sede del Colegio de Médicos de Mérida, firmamos esta exhortación.

Firman

Luis Enrique Rojas Ruiz         Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Mérida

Mario Bonucci Rossini          Rector de la Universidad de Los Andes

Williams Dávila Barrios         Diputado a la Asamblea Nacional

Alexis Torres                          Presidente del Colegio de Médicos del estado Mérida

Luis Loaiza Rincón                 Representante del Gobernador del estado Mérida y de los partidos UNT, AD, COPEY, ABP, PJ, VP, Proyecto Venezuela y Avanzada Progresista.

Jorge Eliezer Arellano           Presidente de la FCU de la  ULA

María Luisa Avila                   Representante de la ONG Sociedad Civil Activa

Marcos Delgado                    Presidente de FEDECAMARAS Mérida

José Mendoza Angulo          Ex Rector de la Universidad de Los Andes

Néstor López Rodríguez       Ex Rector de la Universidad de Los Andes

Léster Rodríguez Herrera      Ex Rector de la Universidad de Los Andes

Genry Vargas Contreras       Ex Rector de la Universidad de Los Andes 

Total 240 firmas en depósito de los ciudadanos que lo suscriben”

Como lo expresamos en la Asamblea de ciudadanos y lo ratifico ahora aquí, simplemente hemos querido promover una iniciativa que consiste en materializar en una estrategia concreta del planteamiento coincidente de diversos sectores, en que la única forma de superar esta crisis con el menor costo político y social, es a través de un proceso diseñado por consenso de los diferentes sectores de la sociedad que buscan una salida democrática a esta crisis y cuyo primer paso es el compromiso de la UNIDAD NACIONAL.

Una unidad que vaya más allá de los coyunturales eventos sociales, políticos, electorales o económicos y que se apoye en los principios democráticos de respeto a la Constitución, la no violencia, la inclusión, el carácter civil de la conducción de nuestra sociedad y la participación voluntaria en las decisiones, sobre la base de procesos de consulta transparentes cuyas condiciones están claramente establecidas en nuestro contrato social que es la Constitución.

Simplemente queremos puntualizar que con PLATAFORMA UNITARIA DEL ESTADO MÉRIDA PARA EL CAMBIO DEMOCRÁTICO DE VENEZUELA nos estamos refiriendo a las bases de un acuerdo entre organizaciones académicas, sociales, políticas, religiosas, gremiales e individualidades de la sociedad merideña quienes, conservando su autonomía funcional y su diversidad, declaran compartir el propósito táctico de establecer entre ellas una unidad efectiva, para discutir y acordarse en las orientaciones y conductas públicas a seguir en la lucha por el restablecimiento de la democracia, la defensa de los derechos humanos y del estado de derecho en la República, así como su profundización, dentro de la perspectiva estratégica de lograr, al menor costo político y a la mayor brevedad, el cambio pacífico, mediante el voto, del régimen establecido actualmente en Venezuela, porque sus expresiones políticas, económicas, institucionales, éticas y en el dominio de las relaciones internacionales del país, niegan la convivencia democrática y civilizada de los venezolanos y conducen a la consolidación totalitaria de una dictadura militarista ya establecida.

Las acciones a desarrollar por esta Plataforma deberán quedar encuadradas dentro de las siguientes orientaciones:

  1. Ser democráticas, pacíficas e inclusivas, abiertas a todas las formas de pensamiento y consultadas con la sociedad.
  2. Contar con un núcleo coordinador compuesto de dos instancias: Una, encargada de representar al conjunto, que denominamos CONSEJO OPERATIVO y para que tenga dinamismo proponemos que esté integrado por un grupo pequeño de personas que expresen el encuentro del mundo político con la sociedad civil, al frente del cual estará un hombre o una mujer que disfrute del reconocimiento y respetabilidad social de todos los sectores. Una segunda instancia, conformada por un CONSEJO CONSULTIVO integrado por un representante de cada una de las fuerzas políticas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los gremios que manifiesten su voluntad de integrar la Plataforma.

Para concluir con mi intervención inicial en esta actividad a la que he sido invitado por ustedes e iniciar el intercambio de opiniones como aporte  al proceso de discusión entre los honorables miembros de esta institución y demás asistentes, quiero informarles en primer lugar que no fue sencillo omitir la cita de la abundante literatura que existe en las redes sociales sobre casos particulares y resultados de estudios que apoyan nuestra afirmación de la desesperada situación de la ciudadanía para evitar lo que frecuentemente ocurre, que las reuniones se diluyen en un simple intercambio de experiencias y anécdotas que contribuyen al desanimo, la desesperanza y en nada contribuyen a la búsqueda de salidas a la compleja y difícil situación que hoy confrontamos. En segundo lugar,  que estamos conscientes que el éxito de estas iniciativas en la superación de la crisis está subordinado a convertirla en parte de una  estructura de carácter nacional con representaciones regionales, bajo las premisas antes descritas a las que aspiramos integrarnos y  en tercer lugar, que los documentos que reflejan la propuesta conceptual y organizativa que estamos impulsando en nuestra ciudad y en el estado Mérida La Tertulia de los Martes, el Arzobispado merideño y la Universidad de Los Andes, conjuntamente con diversas organizaciones de la sociedad civil, que incluye un grupo de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones gremiales y sindicales y partidos políticos entre otras, se encuentran disponibles en las redes sociales para su consideración y discusión y así lograr el aporte de quienes voluntariamente deseen participar, en los términos en que el citado respeto a la autonomía de cada institución así lo recomiende.

Buenas tardes, gracias por su invitación a la Academia y a todos por su presencia y su paciencia.

Prof. Genry Vargas Contreras

Ex Rector de la Universidad de Los Andes

14 de marzo de 2018

 


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