Corrupción: obstáculo para la democracia y los derechos humanos [1]

 Por: Christi Rangel Guerrero

Coordinadora regional de Transparencia Venezuela

Miembro correspondiente estadal de la Academia de Mérida

 


El término de corrupción ha sido definido por Transparencia Internacional (2016) como el abuso del poder delegado o encomendado para obtener un beneficio particular.  El contexto en el que ocurre es aquel en el que un  grupo de personas ha cedido la gestión de sus asuntos a unos representantes que se presume actuarán por el interés común.  El ámbito del sector público es la principal expresión del  ejercicio del poder en nombre de un colectivo (nacional o local), no obstante, las juntas de vecinos, las empresas de propiedad compartida y los clubes deportivos, son algunos ejemplos de organizaciones  privadas en las que también se delegan responsabilidades a unas pocas autoridades. Así las cosas, resulta evidente que pueden haber hechos de corrupción tanto en el sector público como en el privado, con la gran salvedad de que los hechos de corrupción en el sector público tendrán un impacto nocivo en la sociedad mucho mayor y que puede prolongarse en el tiempo.

El Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (2009, p.29) sugiere definir la corrupción como “… la lista de actos penados por la ley bajo el encabezamiento corrupción.” (p.23). Este listado ha sido catalogado por Transparencia Venezuela en el Manual para Denunciar la Corrupción (2013) como formas de corrupción, en concordancia con las explicaciones de actos de corrupción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). A continuación se explican las principales formas de corrupción;

Malversación: es la utilización o uso de fondos para fines de enriquecimiento personal u otras actividades distintas a las previstas en los presupuestos públicos. El peculado de uso es semejante pero se refiere a la utilización de bienes del patrimonio público en actividades distintas a las propias de la organización. Si un recurso está destinado para un determinado fin, nadie debe desviarlo, salvo que se cumplan los trámites legales previstos en las normas de administración financiera y de bienes.

Nepotismo: es una forma de favoritismo, en la que un funcionario del Estado, aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo, contrato o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no cumpla los requisitos estipulados en el proceso de selección.

Clientelismo: sistema desigual de intercambio de recursos y favores basado en una relación de explotación entre un “patrón”, que dispone de mayor riqueza y/o poder, y un “cliente” con menos riqueza y más vulnerable. Usualmente se expresa en la utilización de programas sociales populistas dirigidos a grupos de ciudadanos a cambio de su apoyo al partido de gobierno en procesos electorales y/o movilizaciones.

Corrupción política: es la utilización de recursos públicos (malversación) o bienes públicos (peculado de uso) con fines político – partidistas que pretendan la permanencia en el poder del grupo que lo está ejerciendo.

Expuestas las definiciones de las principales formas de corrupción, es menester comentar en este apartado que también se categorizan los actos corruptos según su magnitud. Transparencia Internacional (2016) ha incluido en su glosario de términos:

Gran Corrupción: para describir el abuso de poder de alto nivel que beneficia a algunos pocos a expensas de la mayoría, y causa daño grave y extendido a particulares y a la sociedad en su conjunto. Involucra grandes sumas de dinero.

Corrupción Menor: se refiere al abuso común (frecuente) del poder delegado por parte de funcionarios en su interacción con los ciudadanos, cuando éstos procuran acceder a bienes y servicios básicos como salud, educación, seguridad, saneamiento ambiental, entre otros, o cuando deben realizarse gestiones administrativas de obligatorio cumplimiento.

En todas las formas o categorías de corrupción hay un elemento común: siempre habrá, al menos, dos partes involucradas, no se trata de un funcionario aislado actuando en solitario, siempre hay relaciones entre “un funcionario” y “quien paga” bajo coacción o por su propia iniciativa, por lo que las acciones para enfrentar este flagelo deben abarcar ambas partes.

Además, en los actos de corrupción dentro del sector público hay un tercero al que es preciso prestar atención, ya que los recursos (humanos, materiales, financieros) involucrados suelen tener como finalidad atender la prestación de servicios o bienes a un colectivo (víctima), que ya no podrá recibirlos. El impacto negativo puede afectar a personas de cualquier tipo, Sin embargo, también ha sido reconocido por organismos multilaterales, entre ellos, la Organización de Naciones Unidas, que la corrupción afecta en mayor proporción a las personas que pertenecen a grupos vulnerables (minorías étnicas, trabajadores inmigrantes, mujeres, niños, personas de escasos recursos, refugiados) y que “…cuando la corrupción es extendida los Estados no pueden cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos” (Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, 2009, p. 27).

Todos los seres humanos son sujetos de derecho en el caso de los derechos humanos y es el sector público de cada país el encargado de velar por su cumplimiento, esto incluye a todas las ramas del poder, en todos los niveles de gobierno.

Considerando que cuando ocurre la corrupción suelen haber víctimas y pérdida de recursos, es sugestivo afirmar que todo acto de corrupción viola derechos humanos. Empero, el Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos (2009, p. 28) advierte la necesidad de hacer un análisis minucioso de cada caso para determinar el potencial efecto legal del acto de corrupción, y propone tres posibilidades: 1) que el hecho de corrupción viole directamente algún derecho humano, 2) que el hecho de corrupción sea factor desencadenante para que se produzca la violación de algún derecho humano, y 3) que no pueda establecerse un vínculo causal entre el hecho de corrupción y la violación de algún derecho humano. A continuación se analizan las vinculaciones entre la corrupción y algunos derechos humanos específicos.

Igualdad y no discriminación. La discriminación se define como cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia: Los actos corruptos intrínsecamente distinguen, excluyen o prefieren. El nepotismo, la malversación, la corrupción política, la concusión, el peculado afectan la igualdad y no discriminación.

Derecho a un juicio justo y reparación eficaz (debido proceso). Este derecho queda afectado cuando los operadores de justicia incurren en: “actos u omisiones que llevan al uso de la función pública para el beneficio propio o de terceros y que resultan en decisiones judiciales injustas e inapropiadas..”

Participación política. La posibilidad de elegir a los gobernantes o ser elegidos, así como optar a cargos en la administración pública y hacer seguimiento a la gestión, requiere un contexto de imparcialidad en las autoridades electorales, garantías de competencia en igualdad de condiciones para los partidos políticos, el ejercicio del periodismo sin censura, y el acceso a la información oportuna. El nepotismo, clientelismo, la corrupción política y captura del estado menoscaba los derechos civiles y políticos.

Derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Junto con la administración de justicia y el sistema de defensa, los derechos económicos, sociales y culturales suelen considerarse como la razón que justifica la existencia del Estado o sector público; además de ser parte de los derechos humanos, son bienes y/o servicios cuyos mercados fallan por ser monopolios naturales o bienes preferentes, producir externalidades o ser bienes públicos. En la medida que ocurran hechos de corrupción habrá un impacto desproporcionado en los grupos vulnerables porque justamente estos derechos procurar la cohesión social o igualdad de oportunidades y mayor protección para los grupos en desventaja. Malversación, peculado, enriquecimiento ilícito, clientelismo impactarán los DESC.

Lo que caracteriza la institucionalidad democrática

  • Autoridades electas por el voto universal y secreto con poderes de gobierno real.
  • Estado de derecho y de justicia.
  • Poderes separados, autónomos e independientes que ejercen contrapesos y limitan las posibilidades de abusos de poder.
  • Competencia política de los partidos en igualdad de condiciones.
  • Pluralismo
  • Alternancia
  • Rendición de cuentas
  • Respeto de los derechos humanos

Corrupción y democracia.

La corrupción política altera la competencia electoral justa y equilibrada y tiene el potencial de alterar la separación e independencia de los poderes y el goce efectivo de los DDHH.

El clientelismo distorsiona la competencia electoral, limita el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y desdibuja la rendición de cuentas.

El nepotismo favorece la concentración del poder, la corrupción política, la malversación y pueden atentar contra la separación e independencia de los poderes.

En definitiva, en presencia de corrupción:

  • Las decisiones no se toman considerando el bien común de la sociedad sino para atender intereses particulares.
  • Se debilitan las instituciones democráticas e impacta en el uso eficiente de recursos para el desarrollo, la inclusión social y la protección del ambiente.
  • Aumenta la violación de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
  • Se impacta más que proporcionalmente a personas en situación de vulnerabilidad.
  • Impide que millones de personas, especialmente en los países en vías de desarrollo, se ganen la vida honestamente.

¿Cómo evitar el abuso de quienes detentan el poder?

Herramientas de gobierno abierto

Instituciones formales: reglas claras (normas y procedimientos, instructivos, reglamentos, leyes) producto de consensos, sin vacíos, conocidas por todos y eficaces (se cumplen).

Acceso a la información: Información completa, veraz, oportuna y verificable, disponible en línea y en formato de datos abiertos (editables, utilizables, reutilizables).

Rendición de cuentas: Explicar, justificar, someter a escrutinio público las decisiones y actuaciones de los gobernantes. Son precisas relaciones bidireccionales y recurrentes

Participación ciudadana: Existencia de canales formales e informales directos o indirectos que viabilicen el involucramiento y empoderamiento de la gente.

Colaboración: Intergubernamental (entre distintos órganos, entes y niveles de gobierno) y con agentes privados y organizaciones de la sociedad civil a partir del reconocimiento mutuo.

Tecnología: Para difundir más información, facilitar la comprensión del funcionamiento de la administración pública,  crear espacios accesibles y seguros para la prestación de bienes y servicios, mejorar la participación,  rendir cuentas y procurar el intercambio de información e ideas.

Los caminos de la corrupción en Venezuela

El marco institucional se ha desdibujado. Dos momentos fueron determinantes para que esto ocurriera. Por un lado, el hecho de que en el año 2005 los partidos de oposición al chavismo decidieron no participar en las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional, situación que facilitó que el poder ejecutivo gobernara sin ningún control y que recibiera poderes extraordinarios para legislar por largo tiempo. Por otro lado, la intención del presidente Hugo Chávez de modificar la Constitución aprobada en 1999 a escasos siete años de su vigencia. Esta propuesta de reforma constitucional pretendía transformar el sistema económico y la estructura del Estado para dar cabida al denominado “socialismo del siglo XXI”, y a pesar de que fuera rechazada en un referéndum consultivo (diciembre de 2007), sus contenidos se impusieron a través de decretos – leyes, leyes, jurisprudencia y, también por la vía de hecho, ya que el poder ejecutivo no tenía ningún contrapeso en el poder legislativo, ni en el poder judicial, previamente cooptado. De forma progresiva se fueron desmontando todos los contrapesos, debilitando las instancias de control, re-centralizando competencias y recursos (Rangel, 2008) y limitando los mecanismos de participación ciudadana. El cambio en la composición de la Asamblea Nacional, luego de las elecciones de diciembre de 2015, no revirtió esta tendencia, muy al contrario, se profundizó a través de diversas acciones fraudulentas que garantizaron el control y politización del Tribunal Supremo de Justicia para avalar el desconocimiento y la usurpación de funciones del parlamento desde  el momento en que inició el actual período.

Finalmente se impuso una asamblea constituyente con suprapoderes que nos ha llevado a un modelo predemocrático.

¿Acceso a la información pública? En cuanto al acceso a la información pública, garantizado como derecho en la Constitución, acuerdos internacionales suscritos por Venezuela y en algunas leyes nacionales, ha habido un gran revés, luego de 15 fallos judiciales que contrarían el derecho. Luego de una ronda de peticiones a órganos y entes nacionales, estadales y municipales en el estado Mérida, así como a las sedes de poderes públicos nacionales se pudo verificar que los funcionarios desconocen sus obligaciones para garantizar el acceso a la información, ven inusual recibir peticiones, se sienten amenazados, consideran que la información patrimonial y de beneficiarios de programas sociales es confidencial y que en todo caso, siempre deben pedir autorización a su jefe para entregar cualquier información. Los organismos no sistematizan sus datos, ni preparan indicadores vinculados a la prestación de los servicios. Los portales Web publican propaganda y no resultados de gestión que sean verificables.

El Índice de Transparencia de las Alcaldías 2017 reveló que en 76 % de 150 alcaldías, evaluadas la información no es de fácil acceso.

Otra evidencia de los retrocesos en el acceso es el hecho de que documentos oficiales e indicadores económicos y sociales que antes se publicaban de forma periódica, dejaron de aparecer, a continuación algunos ejemplos:

El cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas, está estrechamente ligado a la situación del acceso a la información pública. El aumento de la opacidad de las cifras, indicadores, documentos presupuestarios e informes de gestión, niega la rendición de cuentas. A esta situación debemos añadir que el Tribunal Supremo de Justicia dictó dos sentencias (1 y 90) en 2017, declarando que el Presidente, Vicepresidente y Ministros no deben acudir a rendir cuentas de su gestión correspondiente al año 2016 ante la Asamblea Nacional, sino ante el propio Tribunal Supremo de Justicia, lo que implica una franca usurpación de las funciones de control político. Aunque los eventos  ya se realizaron, no se ha publicado ningún documento que permita una valoración objetiva de la gestión, por parte de la sociedad civil, ni el máximo tribunal ha emitido pronunciamiento sobre la calidad de la rendición que fue presentada. En los años previos las memorias y cuenta de los ministerios presentaban incongruencias en los datos, formatos diversos que impiden realizar comparaciones y vacíos de información.

El ejercicio de poder

Ahora se hará una breve mirada a tres casos relativos a la gestión del poder ejecutivo: misiones sociales, carnet de la patria y la construcción de obras de infraestructura por parte de la empresa Odebrecht.

Programa bandera: las misiones sociales

La implementación de programas sociales en Venezuela, surge como una medida para enfrentar la desigualdad y la pobreza, atendiendo a los grupos sociales excluidos y en situación de vulnerabilidad.

También el expresidente Hugo Chávez afirmó haberlas impulsado luego de enfrentar una importante crisis política y social en el año 2003.

Transparencia Venezuela inició un proyecto desde el año 2014 para hacerle seguimiento a las misiones denominado el Observatorio de Misiones. A continuación los principales hallazgos:

  • No constituyen una política pública planificada.
  • No existe un enfoque de derechos humanos.
  • Empleadas como estrategia política/dependencia con el gobierno nacional.
  • No han coadyuvado a reducir los índices de pobreza en el país. (Según ENCOVI 2017, la pobreza estaba en 87% y pobreza extrema en 61%)
  • Se conformaron sobre estructuras paralelas que imposibilitan el seguimiento y control.
  • No existe un sistema de indicadores de resultados.
  • Se administraron con discrecionalidad.
  • Hubo corrupción generalizada.
  • El nivel de inversión no se tradujo en impacto social garante de la movilidad.

¿Cuáles formas de corrupción se detectaron en las Misiones Sociales?

Clientelismo: utilizadas para la exigencia de lealtad al partido de gobierno y para el control económico y social.

Corrupción política: utilizadas para la promoción del partido de gobierno en campañas electorales.

Malversación: ha sido demostrado el desvío de recursos para fines distintos a los objetivos de las misiones: PDVAL, compras de medicamentos e insumos médicos, construcción de hospitales, construcción de viviendas, importaciones para la caja CLAP.

Nepotismo: ha habido favoritismo en la selección de beneficiarios de viviendas, alimentos y medicamentos. Aplicación de justicia de forma selectiva según se trate de aliados o adversarios políticos.

Carnet de la patria: Tecnología para la segregación y el control

Antecedentes:

  1. Paquete informático Batalla de Santa Inés, que contenía programa MAISANTA, mejor conocido como “lista Tascón” con información de 12.394.109 personas.
  2. Cédula del Vivir Bien, tarjeta de financiamiento. Luego se crea Cédula del Vivir Bien Pensionado.
  3. Cédula del Vivir Bien Bicentenario.
  4. Tarjeta de Abastecimiento Seguro para la compra de bienes en las redes de comercialización del Estado.
  5. Tarjeta de las Misiones Socialistas, para los Hogares de la Patria, garante de subsidios para familias en pobreza extrema.
  6. Tarjeta Somos Juventud, para jóvenes que se incorporan al plan Somos Juventud Productiva.
  7. Tarjeta Chamba Juvenil, asignación para jóvenes que se adhieran al Plan.

¿De qué hablamos al referirnos al carnet de la patria? Documento de identificación con código QR (código de respuesta rápida) que contiene información del estatus socieconómico del beneficiario y permite realizar pagos. Incorpora también información sobre la participación en procesos electorales.

El programa está a cargo de la juventud del PSUV, el Frente Francisco de Miranda, las brigadas Robert Serra, Unidad de Batalla Hugo Chávez, CLAP y Comités Locales de Producción de las 24 entidades estadales. Es decir, depende de los militantes del partido de gobierno. Se desconoce cuál órgano o ente está a cargo de la base de datos.

En enero 2018 el ejecutivo afirmó que había 16.595.140 carnetizados.

Beneficios prometidos

  • Acceso a alimentos a través de los CLAP
  • Acceso a las Misiones Sociales
  • Pago de servicios
  • Recepción de bonificaciones

Pero, además se exige como requisito para:

  • Aspirar a un cargo público o mantenerlo
  • Recibir el beneficio de jubilación y la pensión correspondiente
  • Ingresar a universidades
  • Acceder a medicamentos y recibir vacunas
  • Acceso a créditos en la banca pública
  • Comprar alimentos regulados
  • Trámites en algunas notarías y registros
  • Entrega de guías para la distribución de productos agrícolas

En las elecciones regionales, municipales y nacionales altos dirigentes del PSUV llamaron a sus militantes a presentar el Carnet de la Patria al momento de sufragar.

Diosdado Cabello: “cada persona que vaya a votar debe ser chequeado con el Carnet de la Patria, para nosotros tener una referencia de cómo vamos.”

Tarek El Aissami: “Debe haber un registro de todos los que tienen Carnet de la Patria. No puede quedar nadie que tenga el Carnet de la Patria sin votar.”

Nicolás Maduro al responder a un periodista sobre premiar a quien vota: “no es mala idea porque deben ser premiados aquellos que participan, mala idea no es, aquel que haya votado con su Carnet de la Patria que tenga un premio de la República”.

Dos perspectivas en relación al carnet de la patria:

Mecanismo de discriminación política. Viola las libertades civiles, los derechos políticos, la autodeterminación de los ciudadanos y su dignidad.

Medio de coacción: se utiliza para condicionar bajo amenaza el acceso a bienes y servicios vinculados a la protección de DDHH. Es el punto cumbre de todos los mecanismos de control previamente ensayados. Viola los derechos: a la vida, salud, educación alimentación, la seguridad social, trabajo, deporte y recreación.

Formas de Corrupción: clientelismo, corrupción política, nepotismo

Caso Odebrecht

Esta constructora es el centro del mayor hecho de corrupción conocido en América Latina:

  • 33 grandes obras contratadas en Venezuela
  • 20 de los 40 contratos suscritos alcanzan US $ 29.974 millones. Actualmente las reservas internacionales están en 8.870 millones de dólares.
  • 11 obras de envergadura quedaron inconclusas. La reforma del canal de Panamá costó 5.000 millones de dólares.
  • El gobierno de Venezuela aún le debe a la empresa US $ 16.000 millones
  • Ni la Contraloría General de la República ni la Fiscalía General en manos de Tarek William Saab han realizado investigaciones.

Modelo de corrupción

  1. Destacado rol de Lula. El expresidente utilizó su liderazgo y a sus asesores directos para fungir de promotor de Odebrecht y de punto de apoyo entre la empresa y los gobiernos de la región
  2. Acuerdos binacionales. Firmados entre los presidentes que servían de marco para las posteriores adjudicaciones directas o selecciones privilegiadas.
  3. Vínculos cercanos con los más altos niveles políticos.
  4. Sobreprecios en los contratos de grandes obras.
  5. Sobornos pagados a altos funcionarios a cambio de adjudicación de obras.
  6. Unidad gerencial de corrupción. La unidad especial de relaciones internacionales a cargo de la compleja estructura de empresas offshore o fantasmas, así como de pagos ilícitos.
  7. Financiamiento de partidos y campañas. Ejemplo: partido de los trabajadores de Brasil y las elecciones de Juan Manuel Santos en Colombia.
  8. Retrasos y obras inconclusas. Sólo en Venezuela quedaron 11 obras de envergadura sin terminar.
  9. Opacidad en toda la operación.

Conclusiones

Las prácticas clientelares, el nepotismo y el uso de recursos públicos para favorecer a una parcialidad política son tan perjudiciales como la malversación y el peculado.

Estas formas de corrupción tienen impacto directo en la vulneración de los derechos fundamentales: han sido determinantes en la Emergencia Humanitaria Compleja, declarada en Venezuela por Cáritas Venezuela, la OEA, el alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas y varias organizaciones por los DDHH.

Según el Informe de Corrupción 2017 de Transparencia Venezuela, en el país está instaurada la “gran corrupción”. De hecho, se cumple con todos los elementos de su definición: 1. participan funcionarios del alto nivel de gobierno que involucran distintos entes públicos; 2. los casos de corrupción impactan a grandes sectores de la población porque no reciben los beneficios esperados, no pueden acceder a los servicios, pierden sus empleos o son víctimas de represión e injusticias; 3. los mecanismos de corrupción traspasan las fronteras del país teniendo vinculación con redes internacionales para legalizar los recursos y bienes producto de la corrupción o porque participan empresas o grupos internacionales de diversa manera; y 4. logran impunidad absoluta gracias al control que ejercen sobre el sistema de justicia.

Al haberse socavado el sistema democrático y favorecido la instauración de un modelo caracterizado por la captura del Estado, la apropiación de recursos públicos y el control político, económico y social, podemos hablar de que hay una cleptocracia.

La experiencia venezolana demuestra que ningún país está a salvo de la corrupción y la tiranía, a pesar de previsiones Constitucionales y legales a favor de los contrapesos y controles, a pesar de formar parte de sistemas internacionales de protección y los esfuerzos de la sociedad civil, ahora más fuerte, el Estado fue cooptado. Los ciudadanos no debemos bajar la guardia, no es el problema de un grupo político, la institucionalidad actual posibilitaría el abuso de quien detente el poder sea de la tendencia que sea. Debemos estar atentos, ser exigentes, estar informados, presionar por la rendición de cuentas, tener altos estándares para valorar la gestión, debemos saber elegir y defender la fortaleza y permanencia de las instituciones favorables al contrapeso del poder y la protección de los derechos humanos.

Referencias

Brewer-Carías, Allan (2017). La esquizofrenia constituyente: las inconstitucionales “bases comiciales” dictadas por el presidente de la república, sin comicios, usurpando la voluntad popular y violando el derecho del pueblo a elegir representantes por votación universal, Nueva York, recuperado de http://allanbrewercarias.net/site/wp-content/uploads/2017/05/160.-doc.-Brewer.-Sobre-las-bases-comiciales-de-la-ANC-29.5.2017..pdf

Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos. (2009). La Corrupción y los Derechos Humanos. Estableciendo el Vínculo. Ginebra, Suiza: Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Rangel, Christi (2017). Corrupción, implicaciones y herramientas para enfrentarla. Memorias del VI Congreso Internacional. Desafíos de Colombia y el mundo. “Una reflexión necesaria de asumir.” Cúcuta, Colombia.

Soriano, Ramón (1997). Sociología del Derecho, Barcelona, España: Ariel Derecho.

Transparency International. (2016). Anti-corruption glossary. TITLE © YEAR by Transparency International. Licensed under CC-BY-ND 4.0 Recuperado de https://www.transparency.org/glossary/term/petty_corruption

Transparencia Venezuela (2018). Carnet de la patria. El apartheid revolucionario. Recuperado de https://transparencia.org.ve/project/el-apartheid-revolucionario/

Transparencia Venezuela (2018). Informe sobre Odebrecht. Recuperado de https://transparencia.org.ve/odebrecht/informe-2018/

Transparencia Venezuela (2018). Informe Anual de Corrupción 2017. Recuperado de https://transparencia.org.ve/project/informe-anual-corrupcion-2017/

Transparencia Venezuela (2013). Manual para Denunciar la Corrupción. Recuperado de https://transparencia.org.ve/project/manual-para-denunciar-la-corrupcion/

Transparencia Venezuela (2008). Herramientas para el acceso a la información pública. Recuperado de https://transparencia.org.ve/project/manual-de-acceso-a-la-informacion-para-ciudadanos/

[1] Esta conferencia se sustenta principalmente en la ponencia presentada en el VI Congreso Internacional  Desafíos de Colombia y el Mundo en junio 2017 y en los informes de Transparencia Venezuela sobre Carnet de la Patria, Odebrecht, Misiones Sociales y el Informe Anual de Corrupción 2017.


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